“Esta ley reconoce el derecho a la lectura y al libro en un marco de inclusión, construcción de ciudadanía y desarrollo humano, sin dejar de lado el impulso de la industria editorial”. (Foto: Hugo Pérez/GEC).
“Esta ley reconoce el derecho a la lectura y al libro en un marco de inclusión, construcción de ciudadanía y desarrollo humano, sin dejar de lado el impulso de la industria editorial”. (Foto: Hugo Pérez/GEC).
Ezio Neyra

Jefe Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP)

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Han tenido que pasar 17 años para que volvamos a contar con una en el país. Vista en perspectiva, la norma del 2003, recientemente derogada, permitió avances que hay que reconocer. En primer lugar, fomentó la institucionalidad con la creación de Promolibro, el antecedente de la actual dirección del libro y la lectura del . En segundo lugar, a través de diversos beneficios tributarios, promovió el desarrollo de la industria editorial peruana, cuya oferta hoy en día es de mayor calidad y más bibliodiversa, y en la que se han multiplicado los agentes involucrados y profesionales, así como el número de publicaciones. Sin embargo, la ley recientemente derogada descuidó el impulso de otros elementos y, a la larga, se confirma que para construir un país de lectores no basta solo con impulsar la industria editorial.

La flamante “Ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro” contempla un ámbito de aplicación que incluye el ecosistema del libro y la lectura de manera integral. Impacta en los diferentes agentes que interactúan en la producción y circulación del libro, así como en el fomento de la lectura; esto es, entre otros, autores, mediadores de lectura, editoriales, librerías, bibliotecas, espacios de lectura y ferias del libro. Es una ley que pone al lector en el centro de sus propuestas porque las incidencias en los diferentes elementos del ecosistema promueven mejores condiciones para el ejercicio pleno del derecho a la lectura. Trabajada al menos durante los últimos cinco años, el proceso incluyó mesas técnicas de trabajo convocadas por el Ministerio de Cultura, en las que participaron instituciones como la Biblioteca Nacional del Perú, Editoriales Independientes del Perú y la Cámara Peruana del Libro, y contó con instancias de validación en diferentes regiones del país para que la propuesta normativa respondiese a los intereses, demandas y voces de la mayor diversidad de agentes del ecosistema del libro y la lectura a nivel nacional.

Esta ley reconoce el derecho a la lectura y al libro en un marco de inclusión, construcción de ciudadanía y desarrollo humano, sin dejar de lado el impulso de la industria editorial. Asigna recursos para el fomento de la lectura y de la creación artística e intelectual, para la internacionalización de la producción editorial y de los autores peruanos, para fortalecer capacidades de mediadores de lectura, para la implementación y mejora de bibliotecas y espacios de lectura, para la realización de encuestas de hábito de lectura (¡la última encuesta oficial es del 2004!), entre otras acciones diversas.

A su vez, esta ley genera mejores condiciones para la todavía pendiente implementación del , ya que destina al menos el 20% del total de Fondolibro a la adquisición y distribución de libros y productos editoriales afines para las bibliotecas públicas integrantes del SNB y la red de espacios de lectura del Ministerio de Cultura. Ello permitirá destinar más de S/3 millones anuales para este fin y significará una mejora sustantiva de las colecciones bibliográficas a disposición de la ciudadanía.

Como cualquier ley, es cierto que esta tiene deficiencias y oportunidades de mejora, pero en líneas generales, y visto el balance comparativo con lo que había antes, significa un gran paso hacia adelante y un hito en las políticas de Estado en favor de la lectura y el libro. Esperamos atentos su futura reglamentación. Como futuras normas a impulsar están la Política Nacional de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas y una legislación más eficiente para el SNB.