“Nuestro gobierno tomó todas las medidas y precauciones necesarias para garantizar el máximo respeto de los derechos de todos”. (Ilustración: Giovanni Tazza).
“Nuestro gobierno tomó todas las medidas y precauciones necesarias para garantizar el máximo respeto de los derechos de todos”. (Ilustración: Giovanni Tazza).

Hace 30 años recuperamos nuestra y dimos vida a una nueva y moderna república, basada en tres principios: un profundo compromiso con la democracia y el Estado de derecho, una economía de mercado libre –abierta y competitiva– y una firme determinación para derrotar la pobreza y una mayor igualdad de oportunidades.

Los hechos hablan por sí solos: el ingreso per cápita se multiplicó por cinco y pasó del sexto lugar en ingreso per cápita e Índice de Desarrollo Humano a encabezar la lista en América Latina. La pobreza cayó de casi un 69% al 8,6%. Entre 1990 y el 2015, los ingresos del 10% más pobre de chilenos aumentaron en un 439%, mientras que los ingresos del 10% más rico aumentaron en un 208%. Surgió una clase media amplia y pujante.

Hoy, la desigualdad de ingresos en Chile es menor que el promedio latinoamericano. Pero no supimos aprovechar el crecimiento para reducir la brecha de ingresos. Muchos sintieron que quedaron atrás, inundados por un sentimiento legítimo de injusticias que desencadenó en una ola de protestas sociales. Para responder a ese llamado, necesitamos una agenda social ambiciosa, mantener un crecimiento sano de la economía y lograr un acuerdo constitucional con participación amplia e inclusiva, que refleje los valores y principios que han forjado nuestra nación.

En las últimas semanas hemos experimentado un enorme e inesperado estallido de violencia, incendios, disturbios, destrucción y delincuencia, que ha causado un grave daño al país. Durante estos tiempos difíciles y violentos, mientras ejercimos nuestro deber de restaurar el orden público y la seguridad ciudadana, nuestro gobierno tomó todas las medidas y precauciones necesarias para garantizar el máximo respeto de los derechos de todos.

Aplicamos las normas más estrictas para regular el uso de la fuerza policial, adoptamos una política de plena transparencia en toda la información de los derechos humanos y reforzamos el sistema de defensores públicos. Concedimos a nuestro Instituto Nacional de Derechos Humanos pleno acceso a todas las instalaciones policiales y hospitalarias para realizar su tarea en forma autónoma. Dimos la bienvenida a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a Human Rights Watch para que observaran la situación del país. Hay evidencias que dan cuenta de abusos y uso excesivo de la fuerza. Todos estos casos están siendo investigados por la fiscalía y serán juzgados por los tribunales de justicia, como corresponde en un Estado de derecho.

En medio de esta ola de violencia, surgió un proceso de naturaleza totalmente diferente: el mayor movimiento social de nuestra historia reciente. Chilenos de todas las edades y sectores salieron a las calles a protestar legítimamente contra las desigualdades excesivas, las bajas pensiones, la calidad y el costo de los servicios públicos, los abusos en el suministro de bienes y servicios y otros problemas que se venían acumulando desde hace décadas. Esta se convirtió en una gran oportunidad para construir un nuevo futuro. Necesitamos una nueva transición, inspirada por una nueva visión. Un Estado no puede alcanzar el pleno desarrollo si una parte significativa de su población o territorio no están participando de la generación y los beneficios del crecimiento.

Nuestro primer paso fue lanzar una Nueva Agenda Social que incluye un aumento en las pensiones y la creación del ingreso mínimo garantizado; mejores condiciones para las micro, pequeñas y medianas empresas; una reducción en el precio de los medicamentos y mayor financiamiento para la salud pública; la estabilización de los precios del transporte, el agua, la electricidad y los peajes; el aumento de los impuestos para los más ricos, y una reducción a los históricos altos salarios de los parlamentarios y de otros funcionarios.

Nuestro segundo paso fue poner en marcha un proceso nacional de diálogos ciudadanos, que permitirá a nuestros compatriotas expresar sus principales preocupaciones, demandas y aspiraciones, en espacios sin preguntas excluidas y donde se pueda discutir y debatir libremente. Pero hay una condición indispensable: no podemos tolerar ninguna forma de violencia, ni ningún tipo de abuso de los derechos humanos. De lo contrario, nuestra democracia se debilitará. Debemos poner fin a toda la violencia, recuperar la paz social y concentrarnos en el futuro.

Además, necesitamos forjar un nuevo pacto social. Por eso hemos concertado una hoja de ruta que nos permitirá acordar una que nos brinde un marco de unidad, legitimidad y estabilidad, con el que podamos enfrentar los grandes retos y oportunidades que vendrán. Después de todo, una casa dividida no puede prevalecer.

Estoy seguro de que juntos construiremos un país más libre, más justo, más fraterno y más próspero, un país que podemos llamar nuestro hogar común, donde podamos pensar de manera diferente, pero respetar nuestras diferencias y construir un mejor porvenir para todos.

–Glosado y editado–

© The New York Times