Una Procuraduría para la tercera centuria, por Daniel Soria

La Procuraduría General del Estado ha nacido virtualmente al amanecer de la tercera centuria republicana. Tiene la misión institucional de fortalecer, unificar, modernizar y ejercer la rectoría del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado a través de una gestión altamente especializada, proba y eficaz, que busca salvaguardar los intereses estatales.

Un aspecto importante del fortalecimiento institucional es asegurar la autonomía funcional de los procuradores y procuradoras a fin de que realicen sus labores de patrocinio legal de los intereses públicos sin injerencias o influencias indebidas.

Asimismo, la fortaleza institucional está vinculada con el uso eficiente y eficaz de los recursos. Es por ello que las procuradurías públicas se aglutinan en un sistema administrativo, el cual tiene la finalidad de regular correctamente dicha utilización. Es en este sentido en el que debe entenderse el concepto “unificar” desde el ente rector: establecer parámetros generales de actuación funcional de los agentes del sistema sin intervenir en los casos concretos que tienen a su cargo. Por ejemplo, emitiendo lineamientos generales en materia de reparaciones civiles o conciliaciones, lo cual no implica inmiscuirse en la toma de decisiones que los procuradores y procuradoras deben adoptar cuando aborden estos temas en una situación particular.

La modernización hace referencia a la necesidad de contar con una institución que enfrente satisfactoriamente los desafíos del tiempo actual. Uno de estos retos consiste en que el nivel de eficiencia y eficacia del servicio de defensa jurídica del Estado sea homogéneo y abarque a todo el territorio. Para este propósito se ha previsto un Plan de Implementación que tiene como objetivo la incorporación administrativa progresiva de las procuradurías nacionales, regionales y locales a la Procuraduría General del Estado, para que todas ellas trabajen en pie de igualdad salarial, material, profesional y de género, a fin de que se minimicen o desaparezcan las actuales asimetrías entre ellas, sobre todo en el nivel local y regional.

Además del mencionado plan, en la actualidad la Procuraduría General del Estado viene apoyando a procuradurías de todo el país en materia de capacitación y orientación legal, para contribuir a la mejora de su desempeño.

Ciertamente que nada de lo expuesto tendrá éxito si no internalizamos una ética pública como virtud cívica fundamental de todos los miembros del Sistema. Esta ética debe ser nuestra base para rechazar de manera tajante la corrupción y perseguir siempre el bien común.

Estamos trabajando para que en un futuro no tan lejano el Estado cuente con una defensa jurídica ejemplar a todo nivel, que merezca un juicio positivo de los peruanos y peruanas del porvenir.