(Ilustración: Rolando Pinillos Romero)
(Ilustración: Rolando Pinillos Romero)

Fue mérito de la OEA y de Luis Almagro la alerta temprana sobre la instauración de la dictadura y la grave alteración del orden democrático en . Y la aplicación –aunque tardía– de la Carta Democrática Interamericana. Las correlaciones de fuerzas –decisiones de los estados– no permitieron hacerla oportuna y plenamente. La crisis excedió el ámbito institucional y regional. El 10 de enero, y adoptaron actitudes que creyeron decisivas. Maduro, al asumir la reelección, pensó que se imponía a la oposición y daba una fait accompli irreversible a la comunidad internacional. Guaidó, en conjunto con Estados Unidos y el Grupo de Lima, pensó que su sorpresiva juramentación como presidente encargado, concertada con el reconocimiento internacional casi automático de cerca de 50 países, provocaría la implosión violenta del régimen.

Ni Maduro se consolidó. Ni Guaidó se hizo del poder.

Con el fallido alzamiento militar del 30 de abril, quedó claro que las vías unilaterales, la insurrección militar o la implosión violenta del régimen carecen de viabilidad. Pero se constató también que la continuidad consolidada de Maduro ya no es una opción ni para el propio régimen.

En la política, imponer un curso de acción implica tener el poder suficiente en un grado mayor que el necesario. También se necesita la potencia. Es decir: la capacidad de movilizar con legitimidad todo el poder (Raymond Aron). La legitimidad social, política, jurídica o ética que hace viable el uso del poder extremo. En la muy compleja situación venezolana, Estados Unidos, el Grupo de Lima y Guaidó han comprobado que no pueden imponer una solución unilateral. Al mismo tiempo, Maduro sabe que su permanencia es inviable. Y a esa doble certidumbre deben haber contribuido la propia inteligencia norteamericana, Rusia, China y Cuba.

Esta evolución previsible de los hechos fue percibida con inteligencia política por la Unión Europea, Uruguay, México y el Grupo de Contacto. Preservaron y abrieron con cuidadosa responsabilidad los espacios y condiciones para la negociación, alentada también por Rusia y China. Las dos rondas de negociaciones que llevan las conversaciones de Oslo, y las que se están llevando a cabo en Barbados, son el resultado de este proceso ahora aceptado también por la Casa Blanca.

Las negociaciones deben construir una solución democrática a partir de elecciones libres y justas; bajo estándares internacionales, aceptadas y convocadas por todas las partes. Estas deben restablecer el Estado de derecho y respetar la independencia de Venezuela.

No es fácil. Hay que superar aspectos muy delicados: el cómo y quién convoca las elecciones; la composición de la autoridad y el nuevo estatuto electoral; la participación irrestricta de todas las fuerzas políticas y, sobre todo, el restablecimiento de las garantías democráticas antes y durante el acto electoral. El fin de los presos políticos.

Hay sensibles aspectos jurídicos a resolver. Ni el gobierno ni la oposición quedarán plenamente satisfechos con el resultado de la negociación. Ambos tienen que hacer enormes concesiones. Lo exige el pueblo venezolano.

es mucho más que la capital de Noruega. Es el símbolo y la clave de una diplomacia democrática, probada y jugada en las negociaciones de paz entre Israel y Palestina, y la búsqueda del fin de los conflictos en Sri Lanka, Filipinas, Colombia, Sudán, Etiopía-Eritrea, Guatemala y Birmania.

Como negociador adjunto de Jean Arnault, representante de Butros Butros-Ghali en las negociaciones de paz en Guatemala, en mayo de 1994 me cupo ejercer la mediación de la ONU en las negociaciones sobre poblaciones desarraigadas y la Comisión de la Verdad como componentes del acuerdo de paz. En esa oportunidad, la acción de Jean Egeland, excanciller de Noruega, fue decisiva para el éxito de la negociación.

Esas negociaciones y las demás, que integran el acervo de la diplomacia democrática de la paz, aconsejan en el caso de Venezuela la concertación de varios acuerdos que formen parte de un entendimiento único. Entre ellos, dos de aplicación inmediata: uno sobre la convocatoria a elecciones libres y justas, y respeto de los derechos humanos, con verificación internacional in situ (el componente de derechos humanos está delineado en las recomendaciones del informe Bachelet); el otro, sobre la emergencia humanitaria de las poblaciones desarraigadas y las migraciones. También serán indispensables entendimientos de aplicación diferida a partir de la asunción de un nuevo gobierno. Sobre la reinstitucionalización democrática de la estructura del Estado y sobre la recuperación económica y productiva con cooperación internacional.

La viabilidad del proceso depende de muchos factores. Es frágil y fuerte a la vez. Habrá marchas y contramarchas. La responsabilidad de todos los actores, incluido el Grupo de Lima, es respaldar y contribuir a la luz de Oslo.