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Verita busca la verdad, por Gerardo Távara Castillo

Vale más un lugar vacío que ocupado por quien no dignifica la política.

Gerardo Távara Castillo Secretario general de Transparencia

Verita busca la verdad, por Gerardo Távara Castillo

Verita busca la verdad, por Gerardo Távara Castillo

Verita busca la verdad. Ese es el propósito que anima este programa puesto en marcha por la asociación civil Transparencia para revisar las hojas de vida que los candidatos presentan y que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) difunde.

La hoja de vida partió como un compromiso de los pactos éticos y luego se convirtió en ley. Con el tiempo, se incluyeron nuevas exigencias: sentencias y declaración patrimonial, por ejemplo, con la precisión de que la omisión o falsedad es causal para que la autoridad electoral retire al candidato que no dice toda la verdad.

La información de la que disponemos permite identificar 59 postulantes que declaran antecedentes penales. Es decir, que en algún momento fueron sentenciados por algún delito doloso. A la vez, 70 declaran sentencias por materias civiles: violencia familiar, asistencia alimentaria, reconocimiento de hijos, obligaciones contractuales en su mayoría. 

En algunos casos, se trata de candidatos que acumulan más de una sentencia y por delitos de especial relevancia: hurto agravado, estafa, rebelión y varios tipos de delitos contra la administración pública.

Durante el debate por la reforma electoral, propusimos incluir en la hoja de vida información sobre procesos en curso, pero el Congreso no lo aprobó. Frente a ello, el JNE acogió la propuesta e incorporó una casilla opcional para que los candidatos con mayor voluntad de transparencia declaren los juicios que mantienen pendientes. 

Más de cien candidatos lo han hecho. No son todos. Al tratarse de información opcional, hay quienes han preferido no declarar sus procesos. Al menos cuatro candidatos presidenciales y otro tanto de postulantes al Congreso cuyos juicios son de público conocimiento no lo informan en la hoja de vida. Desde Transparencia seguimos haciendo “cruces” e indagando para informar con mayor amplitud al electorado.

Informar un juicio pendiente no convierte al declarante en culpable, pero sí permite evaluar su mayor o menor voluntad de transparencia y de responsabilidad para con la población a la que busca representar. 

Una primera responsabilidad corresponde al candidato, sin duda. La segunda está en el partido político o alianza electoral, no solo porque a partir de esta elección tiene en la Ventanilla Única una herramienta privilegiada para recabar información y emplearla en la elaboración de sus listas. 

La Ventanilla Única no es solo para informarse. Es para mejorar las decisiones, pero parece que no todos los partidos lo entendieron así. Los partidos tienen también la responsabilidad de ser los primeros en revisar la hoja de vida y su veracidad antes de presentarla a los jurados electorales.

La prensa y las instituciones de la sociedad civil tomamos la información oficial, la analizamos y producimos reportes hacia la ciudadanía con la expectativa de que cada persona valore esta información y la incorpore como esencial para decidir su voto. 

Hay candidatos que tienen más de cinco procesos en curso –uno llega a 20 juicios–, incluidos delitos de corrupción y de lavado de activos. ¿Qué busca con su postulación al Congreso una persona investigada por lavado de activos y para quien el fiscal pide 14 años de prisión? ¿Escudarse en la inmunidad parlamentaria? ¿Qué anima a los partidos que dan su aval a candidatos con este tipo de antecedentes y juicios?

Aún hay tiempo para que los partidos y alianzas revisen sus listas y retiren a los candidatos con mayores cuestionamientos judiciales a la luz de la información que hoy todos podemos obtener de las hojas de vida y de los reportes de Transparencia. No podrán reemplazarlos, pero vale más un lugar vacío que ocupado por quien no dignifica la política.

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