Invertir en igualdad para la prevención de la violencia

La violencia contra las mujeres es tanto una causa como una consecuencia de la desigualdad de género. Se da a partir de una discriminación estructural contra las mujeres, que limita el ejercicio de sus derechos fundamentales, el acceso a oportunidades de desarrollo y genera sesgos que las encasillan en roles y trabajos basados en su género y no en las capacidades y habilidades de cada persona.

De acuerdo con el Índice de Normas Sociales de Género del PNUD, en el mundo, nueve de cada diez personas tienen sesgos negativos hacia las mujeres, que sirven como base para estas construcciones sociales desiguales. Asimismo, en el Perú, casi el 60% de las personas tolera o justifica las violencias contra las mujeres de alguna manera, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales (Enares) del 2019. Estos sesgos y tolerancias responden a las normas que se han construido a partir de la discriminación estructural y, tal como las violencias, son tanto una causa como una consecuencia de la desigualdad.

En el Perú se observan altos índices de distintas violencias contra las mujeres. Hasta setiembre del 2023, los centros de emergencia mujer (CEM) a nivel nacional atendieron 107.720 casos de violencias de distinto tipo, lo que representa un aumento del 6% sobre el mismo período el año anterior. Estos fueron más de 41.000 casos de violencia física, más de 21.000 de violencia sexual y más de 44.000 de violencia psicológica. Asimismo, se registraron 122 casos con características de feminicidio y 192 tentativas de feminicidio. Las violencias existen en todos los niveles, pero afectan de forma diferenciada a las mujeres que se enfrentan a mayores condiciones de vulnerabilidad.

Por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes, 2022), el 59% de mujeres autoidentificadas como indígenas y el 54,2% de mujeres con lengua materna distinta al castellano declararon haber sido víctimas de violencia. Además de la violencia, las mujeres indígenas muchas veces enfrentan discriminación por su etnia, idioma, ubicación geográfica; así como dificultades en el acceso a servicios básicos, a una educación de calidad culturalmente pertinente, a la participación y representación política plena, entre otros, que representan barreras para el ejercicio de sus derechos. Ocurre también con mujeres migrantes, quienes se enfrentan a violencias, xenofobia y grandes dificultades para insertarse en un mercado laboral formal que les brinde autonomía económica. La violencia no se da de forma aislada: se cruza y agrava otras condiciones de desigualdad.

En conjunto con los esfuerzos que se vienen haciendo para fortalecer el sistema de respuesta y atención a la violencia contra las mujeres, es clave también que se impulsen intervenciones con efectos a largo plazo que apunten a prevenirla. Es decir, que avancen hacia el cambio de las normas sociales arraigadas en roles y estereotipos sesgados, donde las mujeres están representadas como sumisas, cuidadoras y en roles asociados a la maternidad.

Asimismo, se deben trabajar intervenciones que tengan un efecto multiplicador y acelerador sobre el cierre de brechas de otras dimensiones de desigualdad. Por ejemplo, invertir en educación de calidad, que permita a las niñas desarrollar un proyecto de vida; está demostrado que la inversión en educación secundaria de las niñas se asocia con una menor tasa de prevalencia de las violencias. Invertir en la erradicación de la pobreza, que reduzca su vulnerabilidad y disminuya las barreras para salir del círculo de violencia, y permita a las mujeres cumplir con sus sueños y proyectos trazados. Invertir en la creación de un sistema nacional de cuidados, que reconozca la profesionalización del trabajo de cuidados y reduzca las horas dedicadas al trabajo no remunerado, para el desarrollo, acceso al mercado laboral en condiciones adecuadas y autonomía económica de las mujeres. Fortalecer la participación y representación política de mujeres y otras poblaciones en condición de vulnerabilidad, para que la toma de decisiones se haga en un contexto de igualdad, donde todas las voces y preocupaciones sean escuchadas.

Entonces, para prevenir las violencias, es necesario invertir en cerrar las brechas de desigualdad.

Es fundamental seguir trabajando en la respuesta frente a las violencias, pues este es un esfuerzo necesario y de largo aliento. Sin embargo, queda claro que invertir en la construcción de una sociedad más igualitaria permitirá que las niñas, adolescentes y mujeres en el Perú puedan crecer en un país libre de violencias, donde puedan ejercer sus derechos en igualdad y donde los sesgos y estereotipos sean cosa del pasado.