"La informalidad, la ilegalidad y las mafias existen. Son “monstruos que pisan fuerte”. Pero también están millones de compatriotas dispuestos a no regalarles el país con facilidad" (Ilustración: Giovanni Tazza).
"La informalidad, la ilegalidad y las mafias existen. Son “monstruos que pisan fuerte”. Pero también están millones de compatriotas dispuestos a no regalarles el país con facilidad" (Ilustración: Giovanni Tazza).
Mario Saldaña

Si aún sigue en Palacio permitiendo el latrocinio en su gestión, es porque un grupo de entre 40 y 60 congresistas no solo no quieren perder su curul y su sueldo, sino porque están dispuestos a transar con el Gobierno en pro de un beneficio personal.

Más aun, esos “legisladores”, puestos individualmente en la misma situación del hoy mandatario, harían exactamente lo mismo. Eso quiere decir que no solo cuentan con incentivos de provecho personal para hacerse de la vista gorda ante esta ineptitud corrupta, sino que son una expresión cabal de la misma en la política peruana.

Esta suma cero también prevalece porque el país no se moviliza, acaso porque su grado de indignación no llega a mayores. ¿Esta indiferencia se debe a que los llamados a liderar este “urgente despertar” (jóvenes en su mayoría, se supone) son indolentes ante la situación? ¿Qué falta? ¿Cuál debe ser el principal catalizador de esa indignación?

Ayer, Fernando Vivas hacía bien en proponer una suerte de pacto anticorrupción como eje aglutinador de un frente de defensa de la democracia. Básicamente, porque el nivel de polarización en el Perú, el maniqueísmo y la mutua descalificación hacen inviable la construcción de una masa crítica intransigente con el actual estado de cosas.

Mientras los extremos se sigan tocando (o sea, las minorías), no habrá salida posible. Rafael López Aliaga ha sugerido, a mi juicio, una pauta correcta a seguir: que la derecha democrática busque liderazgos diferentes a él y a Keiko. Punto para él.

Pero, además, se hace indispensable un nuevo mensaje, una nueva promesa para el tema anticorrupción: dejar seguir operando a las mafias en el aparato del Estado genera un costo altísimo (casi irrecuperable) para los sectores de menores ingresos y para los jóvenes peruanos que aspiran a un país que les dé oportunidades y no que los expulse a buscárselas como sea y donde sea.

Esta nueva mayoría democrática, con nuevos liderazgos, debe transmitir el mensaje de que echar a Castillo en estos momentos no es hacerle el juego al fujimorismo, al golpismo o al ismo que uno desee. Es detener a personas que se cobijan bajo un verbo y una supuesta ideología para medrar del Estado, además de extender y consolidar lazos de corrupción con el único fin de beneficiarse a costa del futuro de los jóvenes y de los más pobres, principalmente.

Me niego a pensar que no existan peruanos de bien en todo el territorio que puedan rescatar la transparencia y la honestidad como ejes principales de acción política.

La informalidad, la ilegalidad y las mafias existen. Son “monstruos que pisan fuerte”. Pero también están millones de compatriotas dispuestos a no regalarles el país con facilidad. ¿Por qué no descolgamos todos las zapatillas?