2031: la minería ilegal y su estrategia política

Los pronósticos más mesurados sostienen que el precio de la onza de oro en el 2031 podría llegar a US$8.000. Los informes más entusiastas indican que llegaría a un tope alrededor de los US$12.000. Si semejantes números –desde el más mesurado al más entusiasta– son ciertos, entonces serían el mejor de los alicientes para que la minería ilegal e informal conserve el statu quo actual e influya decididamente en las políticas públicas con mayor decisión y acción de lo que ahora hace. Para dejarnos de rodeos: no es el 2026 sino el 2031 el año clave de la minería ilegal e informal y hacia allá dirige todas sus estrategias políticas, incluida la presidencia.

Vale puntualizar lo siguiente: es absolutamente cierto que la minería ilegal o informal (o en vías de formalización) ya desarrolla una estrategia política, desde tiempos atrás, pero el 2031 es un año clave porque hasta allí habrá absoluta madurez, no solo de sus organizaciones, sino de sus liderazgos a nivel nacional, y quizá de un partido político propio.

Pero un proyecto político de largo aliento no solo necesita de infraestructura social o económica, que ya la tienen. Es decir, hoy nadie puede dudar de que la minería ilegal e informal mueve millones. Es una industria con características propias que engloba una inmensa cadena de proveedores como de aliados de todo tipo. Industria que además no puede vivir sin una pata en la legalidad de las finanzas.

Ese proyecto político necesita, como decíamos arriba, de un programa político que soporte su viabilidad con un horizonte más lejano. Ese programa político no es sino un programa ideológico alrededor del llamado capitalismo popular con bastante dosis de liberalismo y algunos toques de socialismo.

El programa de la minería informal e ilegal que ahora se gesta y quiere ser el soporte político para las elecciones del 2031 no es un programa económico-socialista, sino capitalista. Es un programa que reivindica el papel del pequeño productor minero y minero artesanal, su derecho a enriquecerse y su derecho a tener la propiedad de su concesión. Hasta allí es entendible, y habrán “liberales” que encontrarán doctrina y argumentos para defenderlos, pero todo tiene un límite. El límite es el Estado de derecho y el respeto a la Constitución, sobre todo cuando más del 90% de concesiones informales están sobre concesiones invadidas a terceros.

Nadie duda de que el minero pequeño como el artesanal tengan derecho a poseer concesiones; lo que no tienen derecho es a saltarse el actual Estado de derecho y a romper con la vigencia de las concesiones en nombre de un capitalismo popular.

Luego de eso hay que diferenciar bien si en realidad es el minero –trabajador que se beneficia del programa político (quien sería el verdadero capitalista popular) o si son las familias dueñas de cientos de Reinfo y los dueños de las plantas de procesamiento los que, en nombre del capitalismo popular, serían los beneficiados. Sospecho que es lo último; que en nombre del capitalismo popular triunfe el capitalismo más salvaje e indomable.

El detalle es que hay ligeros toques de socialismo en el programa político. Por ejemplo, la dialéctica de pobres contra ricos, mineros grandes versus mineros pequeños, es un poderoso barniz que, sin embargo, esconde no un capitalismo popular, sino un mercantilismo en el que no hay derechos sociales, laborales ni se respeta el medio ambiente.

Se me dirá que así es el capitalismo inicial; algunos dirán que así es la “acumulación originaria” del capital siguiendo a Marx. Pero lo que en realidad lo que tenemos es un statu quo mercantil que triunfa en la corrupción, no sin dejar de decir que hay madera.

Por ahora, ya hay herramientas para construir el proyecto político. Medios de comunicación digitales o no, grupos de apoyo, supuestos gremios creados en los últimos meses y federaciones digitadas por dirigentes. La estrategia no es el 2026, año en el que seguramente se ampliará el Reinfo por dos años más. La estrategia es el 2031 y se apunta a la presidencia.