En un país con instituciones débiles, el crimen organizado ha venido llenando los espacios vacíos con una efectividad y temeridad que ya quisieran tener nuestras agrupaciones políticas y empresas privadas.
Ante la impasividad –en el mejor de los casos– y la complicidad –en el peor– de congresistas, ministros, funcionarios y policías, el objetivo parece ser que los ciudadanos nos acostumbremos a vivir con miedo y a que aceptemos, como parte de la realidad nacional, el pago de cupos, la extorsión y los asesinatos como un costo más de existir y prosperar en el Perú.
Así como la informalidad se ha convertido en un Goliat que ningún gobierno intenta enfrentar con seriedad, la creciente inseguridad y la omnipresencia de la criminalidad se están institucionalizando sin que ni el Ejecutivo ni el Legislativo las aborde con la seriedad y la urgencia que ameritan.
Una medida por aquí, un anuncio por allá. Todo, mientras el Congreso, con anuencia o silencio del Ejecutivo, ha aprobado durante los últimos años una preocupante cantidad de leyes que debilitan la lucha contra las organizaciones criminales, la corrupción y la minería ilegal.
El miércoles, las balas que derramaron el vaso se dispararon contra una agrupación admirada por millones de peruanos como Agua Marina. El cargamontón mediático ha empujado a las bancadas parlamentarias a dejar de proteger a Dina Boluarte y, midiendo fríamente su costo-beneficio de cara a las elecciones del próximo año, han decidido que a la octava va la vencida.
No nos engañemos. Tras esta decisión no hay ninguna motivación de solucionar el problema de fondo, sino simplemente la convicción de que la criminalidad será el tema dominante de la campaña y todos quieren poder aparentar que han actuado con mano firme contra ella.
¿Por qué, entonces, no se han concentrado desde el 2021 en fortalecer el marco legal contra el crimen en lugar de debilitarlo? ¿Por qué recién ahora actúan como si la inseguridad les preocupara, después de más de 50 transportistas muertos y miles de millones de soles perdidos?
Al cierre de esta columna aún no se había definido el destino de Boluarte, pero solo un milagro de octubre podría salvarla de ser vacada o ser forzada a renunciar. Sin embargo, la salida de la presidenta más ineficaz y frívola de las últimas décadas poco hará para que los peruanos podamos vivir más tranquilos.
No hay soluciones fáciles para la institucionalización del crimen, pero sí hay una conclusión que se cae de madura: mientras las fuerzas políticas sigan hablando para la tribuna contra el crimen, pero legislando y actuando a su favor, será cada vez más complejo remover este cáncer sin comprometer la vida del paciente llamado Perú.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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