“El cambio de paradigmas y conductas tiene que venir acompañado de una estrategia combinada que ataque los verdaderos impulsores de la toma de decisiones”. (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
“El cambio de paradigmas y conductas tiene que venir acompañado de una estrategia combinada que ataque los verdaderos impulsores de la toma de decisiones”. (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Janice Seinfeld

Directora ejecutiva de Videnza Consultores

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo dice con todas sus letras: el embarazo adolescente continúa siendo uno de los principales factores que contribuyen a la mortalidad materna e infantil y al círculo de enfermedad y pobreza en el mundo. En nuestro país, según lo reveló la Defensoría del Pueblo la semana pasada, afecta todavía al 12,6% de adolescentes entre 15 y 19 años, y los indicadores muestran solo ligeras fluctuaciones en los últimos años: 14% en el 2013; 14,6% en el 2014; 13,6% en el 2015; 12,7%, en el 2016, y 13,4% en el 2017. Es decir, el embarazo adolescente persiste como un grave problema de salud pública que limita los derechos fundamentales de este grupo de la población.

Si desagregamos las cifras de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) del 2018, los mayores porcentajes están en la selva del país. En el área rural el 22,7% de las adolescentes ya son madres o han estado embarazadas alguna vez. Y, según el Reniec, en el 2018 se registraron 2.325 nacimientos de madres adolescentes entre 12 y 14 años.

La OMS precisa que, en los países de ingresos bajos y medianos, los bebes de madres menores de 20 años tienen 50% más probabilidades de muerte prenatal o de fallecer en las primeras semanas de vida que aquellos nacidos de mujeres entre 20 y 29 años. Además, tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer. En las madres tiene, lógicamente, repercusiones económicas negativas, pues muchas se ven obligadas a abandonar sus estudios, lo que restringe sus aptitudes y oportunidades.

Frente a este escenario, la sociedad está en la obligación de proveerles una protección especial y diferenciada, empezando por garantizar el acceso a información completa, oportuna y continuada sobre educación sexual y salud reproductiva. Y, en esa línea, hay algunas buenas noticias. El Ministerio de Salud ha anunciado que capacitará a más de 100.000 profesores de secundaria en sexualidad, identidad, cambios en la pubertad y adolescencia, igualdad de género, relaciones afectivas y libres de violencia, y planificación de su proyecto de vida. Por su parte, el Instituto Nacional Materno Perinatal está desarrollando un programa de consejería testimonial para niñas en etapa escolar. Este consiste en que visitan a pacientes adolescentes de dicho establecimiento para conocer de primera mano cómo un embarazo precoz impacta en sus vidas y sus planes futuros. Ellas las invitan a continuar con sus estudios y a tener confianza en sus padres para evitar situaciones de riesgo. Además, junto con las profesoras que las acompañan, reciben charlas sobre los riesgos en el embarazo, las enfermedades de transmisión sexual y pautas de los principales métodos anticonceptivos.

Los hacedores de política pública deben tener en cuenta, sin embargo, que si bien la disponibilidad de métodos anticonceptivos es un buen paso, no necesariamente cambia las decisiones personales o colectivas en relación con la reproducción o conductas sexuales riesgosas. El cambio de paradigmas y conductas tiene que venir acompañado de una estrategia combinada que ataque los verdaderos impulsores de la toma de decisiones. Y, para lograrlo, un gran aliado a considerar junto con la implementación de estrategias educativas integrales es la economía del comportamiento. Esta combina elementos de la psicología, las neurociencias y la economía para entender y predecir cómo las personas tomamos decisiones, considerando que estas rara vez son puramente racionales.

En Australia, por ejemplo, se aplicó un programa piloto que enviaba mensajes de texto a jóvenes con consejos para tener una adecuada salud sexual y reproductiva. Los resultados arrojaron una baja tasa de retirada, retroalimentación positiva y una mejora observada en el conocimiento de la salud sexual y de pruebas de enfermedades de transmisión sexual.

Las cifras de embarazo adolescente en nuestro país deben conminarnos a ser más creativos. El Estado debe plantearse intervenciones transversales y multidisciplinarias que permitan generar cambios visibles y de rápido impacto.