Carlos Ganoza

Economista y cofundador de Quantum Talent

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Para bien y para mal nada cambia sin personas y nada dura sin instituciones. Cuando las instituciones son débiles como en el Perú, unas pocas personas que están en el lugar y momento indicado pueden tener un peso desmedido sobre el curso de un país.

Lo que estamos viviendo hoy es el ejemplo más triste. Unos pocos congresistas de la bancada de Podemos Perú (liderada por José Luna, Daniel Urresti y la inefable Cecilia García), con la complicidad de algunos de sus colegas, han generado un huaico de proyectos de ley cada uno más dañino que el otro, que si siguen su curso pueden hacer que el Perú de las siguientes décadas sea uno sustancialmente más pobre, más volátil y más atrasado.

Iniciativas como las de la devolución de aportes de la ONP, la reprogramación de deudas (con el esperpento agregado de garantías del Banco Central, algo que habría logrado la doble catástrofe de una crisis bancaria más inflación), son las más evidentes. Pero muchas veces donde más éxito tienen estos promotores de calamidades es en aquellos espacios en los que el sufrimiento de la gente se encuentra con la desconfianza y el desconocimiento. El proyecto de ley de devolución ilimitada de aportes a las AFP es un buen ejemplo.

La débil institucionalidad del sistema privado de pensiones, el desinterés de la mayoría de las personas que aún ven lejos la jubilación, y la necesidad financiera de aquellos más golpeados por la pandemia hacen que sea fácil vender la idea de que se puede desbaratar el sistema de pensiones para solucionar problemas hoy, y que eso no acarrea costo alguno.

Nada más lejos de la realidad. Primero: la devolución ilimitada del 100% de los aportes, como pretende el proyecto, no va a atender a quienes más lo necesitan, que son ese enorme contingente de personas que nunca han aportado o que lo han hecho poquísimo y cuyo sustento depende de la informalidad. A ellos este proyecto no los ayuda, pues no tienen nada –o casi nada– en cuentas de capitalización. Segundo, es una medida que al permitir retiros masivos puede poner en riesgo las pensiones de quienes están por jubilarse, porque obligaría a las administradoras de fondos a vender posiciones para tener efectivo y atender las solicitudes de desembolso, reduciendo el valor del fondo de pensiones. Recordemos que el sistema privado de pensiones tiene una gran concentración de fondos: 2% de los afiliados concentran casi 30% de los fondos. Solo basta que un grupo de ellos retire para que se cree un problema. ¿Quién le explica a la persona prudente, que ahorró toda su vida, que su pensión será 5% o 10% menor por causa del retiro masivo?

Pero además de que el proyecto no atiende la necesidad real y genera perjuicio a los próximos a jubilarse, crea un daño futuro enorme. ¿Qué va a pasar cuando esos jóvenes que retiren sus fondos hoy se jubilen? Cuando queden pocos años para que la generación de la pandemia tenga que enfrentar la realidad de la jubilación, ¿alguien cree que se contentarán con pensiones ínfimas? Evidentemente de nada servirá que se les diga que descapitalizaron su ahorro previsional durante la pandemia y esa es la consecuencia; en ese momento se esperará una respuesta del fisco. La experiencia internacional deja muy claro que la presión política de una sociedad que envejece y que demanda mejores pensiones puede desbordar incluso a economías con instituciones sólidas. En España por ejemplo el gasto de pensiones siguió creciendo 4% en la última década mientras los ingresos tributarios caían o se estancaban. El Perú ya pasó por su bono demográfico y la expectativa de vida crece 12 meses cada década.

Pocas cosas pueden amenazar más la estabilidad económica de un país que un sistema de pensiones con promesas incumplibles.

Pero eso no le importa nada al puñado de personas que se empeñan por enrumbar el país hacia el fracaso con medidas como esta. Desbaratan el país de a pocos, aprovechándose de nuestro desinterés o nuestra necesidad.


*El autor asesora a la Asociación de AFP en políticas públicas.

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