La agenda pendiente, por César Azabache Caracciolo

La inclusión de Nadine Heredia en la lista de personas investigadas por la Comisión Belaunde Lossio confirma que los casos notables no admiten respuestas elusivas. Bloquear las investigaciones sobre las cuentas originales de la señora Heredia no ha sido útil para nadie. En los casos que tienen impacto institucional, no ofrecer explicaciones claras sugiere que ellas no existen.

Por cierto, los hechos que conocemos hasta ahora (los depósitos originales y los gastos más recientes) no tienen dimensión suficiente para justificar el modo en que están escalando las cosas, pero a veces los casos legales adquieren el tamaño de las reacciones de los involucrados, y no el de las evidencias que los soportan.

Para investigar el caso de la señora Heredia, bastan las reglas de los fraudes en impuestos. Estas reglas bastarían incluso si se confirmara que sus gastos provienen de fondos originalmente captados para financiar la actividad política del nacionalismo. 

La enorme porosidad de las reglas sobre financiamiento de partidos políticos posibilita varias formas de fraude, desde el mecenazgo, que supone contratar políticos profesionales como si fueran empleados de empresas privadas, hasta la generación de remuneraciones ocultas sostenidas con fondos desviados de donaciones. 

Por cierto, sea cual sea el destino final de las investigaciones sobre los gastos de la primera dama (hoy parcialmente paralizadas por una sentencia judicial), la sola existencia del caso debería ser suficiente para encarar ya una reforma intensa del sistema que imponga a los partidos el mismo estándar de deberes que tienen ahora los bancos para manejar fondos originados en terceros.

De hecho, no encuentro razón que impida que los partidos sean obligados a publicar balances, transparentar las remuneraciones de quienes se dedican a la política a tiempo completo y designar oficiales de cumplimiento. 

Tampoco veo algo que impida que se encargue a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a fiscalizar sus ingresos y gastos, y a la  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria(Sunat) fiscalizar las donaciones dirigidas al sostenimiento de actividades políticas y la regularidad de los ingresos de los políticos profesionales.

Por lo que toca al Caso Heredia, la historia no cambia si se confirma que Martín Belaunde Lossio intervino en la organización de la economía del primer nacionalismo. La historia solo cambiaría, de una manera trágica por cierto, si existiera evidencias que mostraran que algún intermediario empleó la porosidad del sistema para colar en el financiamiento del partido fondos de mafias organizadas. Cambiaría también si alguna parte importante de las donaciones percibidas por el partido hubiera sido desviada a un intermediario para financiar negocios clandestinos. 

Espero sinceramente que ninguna de estas dos cosas haya ocurrido, pero las referencias muestran cuando estaríamos ante un verdadero caso sobre lavado de activos. Una cosa es apoderarse de fondos destinados a sostener las actividades de un partido para sostenerse a sí mismo y otra distinta contratar a un intermediario para captar fondos de mafias o para invertir fondos recibidos en donación en negocios clandestinos. La línea que separa ambos perfiles es muy clara, y para cruzarla se requiere evidencias y testimonios específicos, no solo sospechas. 

En cualquier caso, la oscuridad del proceso es lo suficientemente intensa como para esperar que todos los involucrados admitan que las dudas actuales son perfectamente sensatas y merecen todas las explicaciones que sea posible ofrecer.