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Alan García y Keiko Fujimori indignados, por Fernando Rospigliosi

"El financiamiento de las campañas electorales es una caja negra que los partidos se han encargado de mantener en la oscuridad y libre de sanciones".

Fernando Rospigliosi Analista político

García-Fujimori

(Foto: Archivo El Comercio)

"Los candidatos pueden recibir dinero de empresarios que no quieren identificarse públicamente o, peor aún, de fuentes más oscuras". (Foto: Archivo El Comercio)

Los congresistas del Apra y Fuerza Popular han reprendido y amenazado a los fiscales que investigan a los jefes de sus partidos por presuntos actos de corrupción. Es un intento de amedrentamiento que busca frenar las pesquisas y aparentar molestia con la finalidad de rebajar el efecto político de esas acciones del Ministerio Público.

Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Nadine Heredia no pueden ser defendidos por sus parlamentarios porque ya no tienen ni uno solo. No obstante, poseen dinero, contactos y recursos para influir en el débil sistema judicial y, en el caso de los dos últimos, todavía algunos defensores que se expresan airados en los medios de comunicación.

En el caso de Keiko Fujimori, la fiscalía, apoyándose en el nuevo Código Procesal Penal, está investigando a la lideresa de Fuerza Popular y a su esposo por lavado de activos. La sospecha es que la recaudación de más de cuatro millones de soles para la campaña del 2016 en varios cocteles sería ficticia, es decir, esos eventos servirían para justificar la entrada de ese dinero proveniente de otras fuentes. También hay otros ingresos dudosos.

En realidad, es probable que las sospechas de la fiscalía sean acertadas. El financiamiento de las campañas electorales es una caja negra que los partidos se han encargado de mantener en la oscuridad y libre de sanciones a través de los dispositivos legales dictados por el Congreso a lo largo de los años. En este punto se esfuman las diferencias partidarias y todos están de acuerdo.

Así, los candidatos pueden recibir dinero de empresarios que no quieren identificarse públicamente o, peor aún, de fuentes más oscuras como las vinculadas a la minería ilegal, el narcotráfico o la corrupción estatal. Además, no es inusual que una parte de ese dinero vaya a engrosar las cuentas personales y el patrimonio de los propios candidatos antes que las arcas del partido. Notoriamente, ese parece ser el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia que gozaron de una inusitada prosperidad desde el 2006.

No obstante, las posibilidades de que la investigación a Fujimori prospere son más bien remotas. El reciente archivamiento de la investigación al ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez muestra que el sistema judicial es cada vez más comprensivo y benigno con los que tienen dinero y poder. La fiscal Sara Vidal dio por buena la explicación que los libros contables de las empresas de Ramírez se perdieron en un accidente de taxi y se negó a aceptar los peritajes contables de la policía aduciendo que estaban a destiempo.

La situación de Alan García es más complicada porque él fue presidente y en este caso se investigan hechos de corrupción ocurridos en su gobierno. El fiscal José Castellanos, en la investigación preliminar, sostiene que se trataba de una organización criminal integrada por personas de confianza absoluta que deberían “tener capacidad de guardar silencio, castigándose cualquier acto de traición, una suerte de código de honor propio de las organizaciones criminales”, una suerte de Omertá de la mafia.

El último descubrimiento es que Santiago Chau, miembro del comité de licitación de la línea 1 del metro en el segundo gobierno de Alan García, tenía más de 440.000 dólares en una cuenta de la Banca Privada de Andorra. Según el portal Ojo Público, a través de ese banco –denunciado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. como centro de lavado internacional– siete funcionarios de ese gobierno recibieron diez millones de dólares de Odebrecht. Tres de ellos ya están detenidos.

Como sostiene Roberto de Michele, comparando dos grandes casos de corrupción, Manos Limpias (Italia, 1992) y el reciente Lava Jato en Brasil, “tanto Mani Pulite como Lava Jato, exponen una corrupción estructural. Este tipo de corrupción, entre otros rasgos, involucra un acuerdo entre representantes de la élite económica y la máxima dirigencia política, sin distinción partidaria. Los intercambios ilícitos incluyen contribuciones ilegales a las campañas políticas, así como sobornos regulares y estructurados. La retribución es mediante contratos de obra pública y concesiones manipulados a favor de quienes contribuyen. Alcanza a los principales sectores del Estado: infraestructura, salud, comunicaciones. Y desde luego, siempre alguien se queda con una comisión por la comisión” (blog Sin Miedos, Banco Interamericano de Desarrollo).

La corrupción peruana se parece a esas. Sin embargo, la diferencia es que acá el sistema judicial no es independiente ni honesto.

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