Fiscales del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, representantes del Ministerio Público en el acuerdo de colaboración. (Foto: Alonso Chero/GEC)
Fiscales del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, representantes del Ministerio Público en el acuerdo de colaboración. (Foto: Alonso Chero/GEC)
Fernando Rospigliosi

Se han presentado las últimas declaraciones de los funcionarios de como grandes aportes a la lucha anticorrupción, aunque en realidad casi no hay nada nuevo, salvo un par de revelaciones.

La más importante, sin duda, es la que señala al congresista y expresidente del Consejo de Ministros de , César Villanueva, como receptor de una coima de US$60.000 por una obra construida en San Martín cuando era gobernador de esa región.

Lo significativo es que a principios de año, cuando Villanueva todavía era jefe del Gabinete Ministerial, la fiscalía ya tenía información sobre ese presunto soborno, proveniente de declaraciones de operadores del ‘club de la construcción’. Una fuente cercana al Ministerio Público me la relató y lo publiqué el 16 de febrero, cuando los fiscales viajaron a Brasil a interrogar a los funcionarios de Odebrecht:

“Sería interesante saber si los fiscales que han viajado al Brasil preguntarán por la carretera Cuñumbuque-San José de Sisa, realizada en el marco de la Interoceánica Norte y ganada por Odebrecht en el 2008 con un presupuesto de ciento diez millones de soles, en el departamento de San Martín, cuando era gobernador regional César Villanueva”. (El Comercio, “¿Se harán las preguntas necesarias?”).

Pero los fiscales, al parecer, no preguntaron. Mi interpretación es que ellos son parte de la coalición vizcarrista y su interés principal era demoler a los adversarios políticos del gobierno y proteger, hasta donde fuera posible, a sus integrantes o aliados.

Pero ahora ya no tenían opción, porque el periodista ecuatoriano Andersson Boscán había publicado los archivos de Odebrecht donde se destapaban las coimas en otras 20 obras, incluyendo esa carretera, así como los seudónimos de los receptores de los sobornos.

En esta ocasión, los fiscales y la empresa jugaron nuevamente en pared. Odebrecht reconoció algunos sobornos, los fiscales informaron formalmente al Ministerio de Justicia, luego viajaron a Brasil y esta vez sí preguntaron por esa carretera.

La otra novedad destacable es que el pago por US$900.000 dólares a ‘Princesa’ en el 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia por el Gasoducto del Sur que reveló Boscán... ¡se entregó a un muerto! En efecto, ahora dicen que ‘Princesa’ es un hombre, el abogado Luis Pizarro Aranguren, fallecido en agosto del 2017. En total, Pizarro habría recibido US$1’300.000 por sus servicios de lobbista, que presuntamente realizó a espaldas del estudio jurídico del que era socio. (El Comercio, 7/8/19).

Una cifra millonaria, pagada además con dinero de la caja 2, a un abogado que no tenía ningún poder de decisión en el Estado, pero que ahora no puede declarar. Todo muy conveniente. ¿Alguien puede creer esa historia? Solo los crédulos fiscales y . Y los medios de comunicación de la coalición vizcarrista, que escarnecieron hasta el cansancio a Jaime Yoshiyama cuando sostuvo que un empresario, ahora fallecido, había donado dinero para la campaña de Keiko Fujimori, pero ahora callan sobre esto.

Pero no importa, los funcionarios de Odebrecht, que comprobadamente han mentido al ocultar las coimas pagadas en 20 obras, siguen teniendo absoluta credibilidad para los fiscales. Su palabra es ley.

El asunto es que la coalición vizcarrista está crujiendo nuevamente, tanto por el Caso Lava Jato como por otros asuntos. Es una coalición, es decir, una unión transitoria de personas y grupos con un interés determinado, y no un disciplinado ejército con un general, capitanes y soldados.

Además de los repetidos fiascos de los fiscales Vela y Pérez, ahora el presidente Vizcarra ha rechazado públicamente su intento de pagar S/524 millones retenidos a Odebrecht, para mantener el acuerdo. Vizcarra sabe que eso es impopular y, como es usual, ha quitado el cuerpo dejándolos solos.

En medio del zafarrancho, el procurador anticorrupción Amado Enco ha denunciado al procurador del Caso Odebrecht Jorge Ramírez por favorecer a la empresa y perjudicar al Estado, una situación insólita, pero que indica que cada uno está tratando de salvar su pellejo. Como es obvio, si Enco considera nocivo el acuerdo, también son pasibles de denuncia los fiscales Vela y Pérez, ídolos que se van descascarando día a día.

Los disturbios en el sur también son un motivo de resquebrajamiento de la coalición, pues los izquierdistas respaldan cerradamente a los revoltosos que queman muñecos que representan a Vizcarra, al que denuncian como ‘traidor’.

Hasta los intelectuales que hace poco definían a Vizcarra como un ‘gran líder republicano’, solo comparable con Valentín Paniagua, hoy reculan discretamente y empiezan a encontrarle algunos defectos a su héroe.

La posibilidad del adelanto de elecciones es, por supuesto, un fuerte incentivo para que cada quien intente desmarcarse de aliados que pueden ser incómodos.

Así las cosas, Vizcarra tiene que seguir recurriendo al populismo para sobrevivir.