La agenda del pleno del Congreso acumula más de 60 dictámenes y 20 reconsideraciones pendientes. ¿Qué punto entrará al debate en el próximo pleno? El seguimiento de la agenda parlamentaria es tan impredecible como nuestra política, y este es un problema en el que el actual presidente del Parlamento, Alejandro Soto, decidió retroceder.
La Junta de Portavoces, que no es más que reuniones de los voceros de las bancadas antes de cada pleno, debe determinar las prioridades en el debate plenario, pero su labor se ha visto reducida a ser una mesa de partes. Sin un orden establecido, en cada reunión añaden nuevos puntos a la agenda. Para acabar la actual agenda, el pleno debería resolver cuatro puntos a doble sesión semanal, sin parar hasta el 15 de julio.
En la anterior presidencia teníamos la denominada “agenda priorizada” que, sin decirte el orden, al menos te indicaba cuáles de los más de 60 puntos tendrían mayores posibilidades de ser debatidos en el pleno. Esto se acabó en la gestión Soto.
Esto ha dado paso a que, sin previo aviso, se debatan contrarreformas como la que aprobó cambios a la Ley Forestal, la que cambió la regulación a la minería ilegal o la más reciente que autoriza el reingreso de docentes cesados. Y la actual agenda contiene más bombas de tiempo: están el dictamen que abre el Reinfo y da oportunidad para que los mineros ilegales se disfracen de informales, la propuesta de Perú Libre para autorizar a vehículos con menores requerimientos para realizar servicio de taxi en provincias, o el que busca darles una segunda oportunidad a las universidades con licenciamiento denegado.
Esto sin contar con los temas populistas, como el dictamen para el retiro de cuatro UIT de los fondos de las AFP.
Pero no todo es malo en la agenda. Existen proyectos positivos, pero estos no tienen prioridad. Bien haría el presidente del Congreso en poner a debate la reforma constitucional para prohibir la postulación de condenados por terrorismo, traición a la patria y rebelión. El proyecto del legislador Alejando Muñante tiene dictamen listo desde hace un año y aún no logra su aprobación, con miras a las elecciones del 2026.
Sería ideal, de cara a la próxima legislatura, que se empiece con una agenda que se construya con criterios más ordenados. En el 2014, en la Comisión de Justicia se fijó un ISO del proceso parlamentario para tener un orden de debate de la agenda, donde todo sería por orden cronológico. Lamentablemente, esa práctica no se repitió a mayor escala. Pero el Congreso haría bien en establecer una hoja de ruta y darle algo de predictibilidad a un país que parece vivir en un multiverso de crisis.
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