La razón que se esgrimió para crear el llamado Escudo de las Américas fue la coordinación en la lucha contra el crimen organizado transnacional; en particular, contra el narcotráfico. Sin embargo, de acuerdo con una nota de prensa del Departamento de Estado de EE.UU. del reciente 22 de setiembre, resulta que la alianza o coalición tendrá tres ejes –y no solo uno– sobre los que se pretende actuar: el económico, la seguridad y la coordinación multilateral.
Tomando solo el pilar económico, ya brotan varias interrogantes. Se dice en la nota de prensa que existe el compromiso de “defender nuestras economías potenciando la cooperación económica”. ¿Pero en qué consistiría esta cooperación para “defender nuestras economías”? Y si hubiera discrepancias, ¿qué?
Los temas que se abordan más adelante generan una mayor preocupación para la soberanía nacional. Se dice que la defensa de las economías se producirá “explorando mecanismos de control de las inversiones; salvaguardando las cadenas de suministro de minerales críticos mediante un abastecimiento diversificado y confiable; y promoviendo normativas sobre proveedores de confianza para la infraestructura digital, que se apliquen de forma no discriminatoria”. ¿Cómo es eso de “explorando mecanismos de control de inversiones”? ¿Las inversiones –provenientes de China, por ejemplo– pasarán por este “control” y podrán ser rechazadas? ¿Y qué significará salvaguardar “las cadenas de suministro de minerales críticos”?
En rigor, no existe razón alguna para aceptar precisiones de ese tipo y dimensión en acuerdos de una coalición cuyo señalado propósito era velar por la seguridad; como tampoco tomar iniciativas “sobre proveedores de confianza para la infraestructura digital” ni afirmar que “la soberanía económica se defiende con éxito cuando el capital que entra en nuestras naciones es transparente y verificable”.
Tal agenda económica responde, sin duda, a preocupaciones del Gobierno de Estados Unidos vinculadas a la disputa por la hegemonía global, así como a sus preparativos y urgencias para establecer un control omnímodo sobre el Caribe y, especialmente, América Latina. Esta orientación fue anticipada y expuesta a fines del 2025 a través de su “nueva estrategia de seguridad nacional”.
Asimismo, preocupa que, en consonancia con el espíritu del Escudo, la presidenta Keiko Fujimori haya afirmado en la ONU que el Perú está en guerra contra el crimen organizado. Hay que recordar que la idea de esa “guerra” se usa contra el narcotráfico desde la década de 1970, ciertamente sin gran éxito. Dicho esto sin olvidar que, además, la calificación de narcoterrorismo invita, peligrosamente, a militarizar el enfrentamiento.
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