"A pesar de todo esto, Trujillo permanece impertérrito en su cargo y el presidente Vizcarra lo respalda explícitamente cuando viaja con él a inaugurar obras". (FOTOS: ROLLY REYNA / GEC)
"A pesar de todo esto, Trujillo permanece impertérrito en su cargo y el presidente Vizcarra lo respalda explícitamente cuando viaja con él a inaugurar obras". (FOTOS: ROLLY REYNA / GEC)
Fernando Rospigliosi

Analista político

La situación del ministro de Transportes (MTC), , confirma lo que se sospechaba: la lucha anticorrupción es un arma que han usado el presidente y sus aliados para atacar a sus enemigos políticos.

Después de los hallazgos del informe de contraloría sobre el que Graciela Villasís reveló en El Comercio, Trujillo y el Gobierno han respondido con mentiras o medias verdades. (“La posverdad de Edmer Trujillo”, El Comercio, 14/12/19. Y el 18/12/19, “Informe refuta versión de Trujillo sobre hospital”). Y, lo más significativo, el amigo de Vizcarra sigue inamovible en el cargo, junto con otros 4 exfuncionarios del Gobierno Regional de Moquegua –acusados en informes de contraloría– que laboran ahora en dependencias del MTC y Vivienda con sueldos de 10.000 y 20.000 soles, a los cuales Trujillo dice –con un cinismo grotesco– no haber llevado allí (El Comercio 16/12/19).

A pesar de todo esto, Trujillo permanece impertérrito en su cargo y el presidente Vizcarra lo respalda explícitamente cuando viaja con él a inaugurar obras. Varios ministros adulones se han sumado al apoyo. En otros casos, ministros fueron defenestrados brutalmente sin que hubiera acusación de ningún tipo. Por ejemplo, al entonces titular de Justicia, Salvador Heresi, lo echó de mala manera, a través de un tuit, minutos después de que se difundiera una conversación inocua con César Hinostroza.

Los contrastes saltan a la vista. Trujillo tiene denuncias muy serias en su contra y lo mantiene en el cargo. ¿Cuál es la diferencia? Muy simple. Trujillo es su coautor –por no decir cómplice– en el oscuro asunto del hospital de Moquegua, donde se adelantó de manera irregular casi 67 millones de soles –más de la mitad del presupuesto– a los constructores antes de que hubieran puesto un ladrillo y sin que existiera siquiera el terreno para la obra.

Porque nadie puede creer que el entonces gerente regional adelantara ilegalmente –según la contraloría– casi 25 millones de soles el 20 de diciembre del 2013, dos días después de la firma del contrato, y unos 42 millones el 31 de diciembre del 2014, ‘pitufeados’ en 133 recibos, sin el conocimiento y la orden de su jefe, el entonces gobernador regional Martín Vizcarra.

Sobre todo cuando se conoce que la empresa de Vizcarra –C&M Vizcarra– tenía relaciones de negocios con ICCGSA, la misma del hospital de Moquegua, desde el 2006, antes de que fuera gobernador. Es más, como ha revelado el portal Gato Encerrado, cuando Vizcarra fue ministro de Transportes entregó la construcción de 57 puentes a ICCGSA por casi 405 millones de soles, el 22% del presupuesto de inversión de su portafolio. (“Vizcarra: sus relaciones comerciales y sentimentales con ICCGSA”, 12/12/19).

En suma, si bien uno de los protagonistas de esta turbia historia –el presidente Vizcarra– es inimputable por ahora, el otro, Edmer Trujillo, no. No obstante, Vizcarra lo defiende contra viento y marea. Por algo será.

Mientras tanto, la farsa montada por los fiscales adictos al Gobierno se está derrumbando como un castillo de naipes, cuando los detenidos en prisión preventiva van saliendo sin que siquiera exista acusación fiscal, no ya juicio o sentencia (“Doce dejaron prisión preventiva en tres meses”, “Correo”, 16/12/19).

Como ha precisado el abogado Luis Pásara, “lo que buscan los fiscales del sistema anticorrupción no parece guardar relación con su obligación principal, que es acusar y lograr condenas. No. Se trata de montar un show mediático, para el cual el principal instrumento no es un conjunto de pruebas sólidas; basta la complicidad de los medios de comunicación a los que se ‘filtran’ declaraciones de fulano o mengano que señalan a los ‘presuntos’ responsables. Con el escándalo en los medios de comunicación, que crea un clima de presión sobre el juez para que acceda a decretar la prisión preventiva, parece haber terminado la tarea de los fiscales. Es hora de buscar otro ‘presunto’ responsable”.

Y se pregunta: “¿Hay intereses políticos detrás de una actuación que genera escándalos en primera plana o para abrir el noticiero pero que no logra condenas? […] La responsabilidad de que la justicia desarrolle a cabalidad su tarea es, en primer lugar, de los fiscales. Pero el desempeño de estos fiscales no está contribuyendo a mejorar la calidad de la justicia en casos de corrupción; su juego parece ser otro. Es hora de preguntarse a quién beneficia” (“El gran espectáculo de los fiscales”. Portal La Mula, 18/12/19).

Otro abogado, de posturas diferentes a Pásara, Enrique Ghersi, sostiene algo similar. (“Expreso”, 18/12/19).

Hoy quedan pocas dudas de que los fiscales adictos al Gobierno son una pieza en el juego de sacar del camino a sus opositores y proteger a sus amigos y aliados.