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“Hacer invisibles a las personas LGTBI es discriminatorio, pues en términos numéricos ello podría ser comparable a eliminar los derechos a gestantes o a personas mayores de 75 años”.

Susana Chávez Directora general de Promsex

Giovanni Tazza

"Dado que las razones que justifican las leyes de protección contra la violencia y crímenes de odio hacia la comunidad LGTBI son –éticamente– las mismas que en el caso de las mujeres, uno esperaría que el Legislativo esté en mejores condiciones de entender su responsabilidad". (Ilustración: Giovanni Tazza)

Dado que las razones que justifican las leyes de protección contra la violencia y crímenes de odio hacia la comunidad LGTBI son –éticamente– las mismas que en el caso de las mujeres, uno esperaría que el Legislativo esté en mejores condiciones de entender su responsabilidad.

Se estima que el 6% de peruanos(as) podría ser LGTBI, cifra cercana a la calculada por el Dr. Alfred Charles Kinsey (1953), cuya validez ha sido aceptada por la comunidad científica. No se trata, sin embargo, de cuántos son, ni de que todas las personas LGTBI se vean obligadas a salir del clóset; se trata de que nadie se vea sancionado por su orientación sexual e identidad de género, ni sea negado de otros derechos de los que sí gozan las personas heterosexuales.

Hacer invisibles a las personas LGTBI –como ha ocurrido en el Congreso con algunos decretos legislativos– es discriminatorio, pues en términos numéricos ello podría ser comparable a eliminar los derechos a gestantes o a personas mayores de 75 años, ya que, en ambos casos, se trata también de minorías poblacionales.

Los argumentos del Congreso para oponerse a los decretos legislativos que protegían a las personas LGTBI fueron los mismos que se utilizaron en su momento para oponerse a la protección de las mujeres contra la violencia. La destrucción de la familia, el debilitamiento de los hombres como jefes de hogar, la pérdida del rol materno, el lobby de las organizaciones feministas, entre otras, fueron las banderas de la oposición.

Hoy, 30 años después, sería imposible afirmar en público que la mujer es propiedad privada, que el “honor” es causa justificada para matarlas, o que el débito sexual es una obligación. Hoy también el Estado está mejor dotado. Existen estadísticas, protocolos de atención, fiscalías especializadas y, aunque todavía no estamos en el mejor de los mundos, hay menos aceptación de la violencia hacia la mujer y una reducción de la vulnerabilidad.

Dado que las razones que justifican las leyes de protección contra la violencia y crímenes de odio hacia la comunidad LGTBI son –éticamente– las mismas que en el caso de las mujeres, uno esperaría que el Legislativo esté en mejores condiciones de entender su responsabilidad.

En cuanto a la opinión pública, los cambios son más alentadores, como lo revelan las encuestas de tolerancia a la diversidad sexual. Dos encuestas realizadas en este milenio –la de Pew Global Attitudes Project (2003) y la del Instituto de Opinión Pública de la PUCP (2012)– demuestran, entre otros aspectos, que la inclusión de una persona LGTBI al entorno amical más cercano de los consultados presenta un incremento de 17 puntos porcentuales, lo que demuestra que los y las peruanas somos personas más inclusivas.

Sin embargo, estos cambios no se reflejan en el Congreso ni en los homófobos activistas, quienes, aprovechando el conservadurismo y la escasa información de la ciudadanía, inventan que hay un complot para homosexualizar a niños y niñas, y que el reconocimiento legal de las familias de parejas del mismo sexo destruirá a las ya existentes. Algo tan falso como decir que las lluvias del norte fueron ocasionadas por la “ideología de género”.

De hecho, esto no pasaría de la ignorancia y la desinformación si no tuviéramos víctimas con nombres, historias de vida, responsabilidades familiares. Se trata de un asunto sobre el que da cuenta el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 2015 sobre violencia contra personas LGTBI. Según este reporte, en solo 15 meses se recibieron más de 700 denuncias por asesinatos y actos graves de violencia ejercida por actores estatales y no estatales. Aquí se incluye el caso de Luis Alberto Rojas, un joven gay trujillano –ahora mujer trans– que fue brutalmente violado por seis policías en un distrito de La Libertad, y cuyo caso está a la espera de una decisión en la CIDH.

El informe también señala que la violencia hacia la población LGTBI no solo está determinada por las orientaciones sexuales e identidades de género de las víctimas, sino también por otros factores de discriminación como la etnia, raza, sexo, género o edad. Esto, además, incrementa la vulnerabilidad de las víctimas, pues no es igual ser LGTBI afrodescendiente, pobre, indígena, que ser LGTBI congresista. Y en ello tal vez podría recaer la diferencia para hacer leyes que conviertan al Perú en un país más inclusivo.

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