El 20 de enero del 2025, dos sujetos lanzaron una caja con explosivos fuera de la sede principal del Ministerio Público en Trujillo, dejando dos heridos.
Hace unos días, la madrugada del 10 de febrero, un atentado con explosivos estremeció Trujillo. El blanco del ataque fue el local de eventos La Hacienda de Lobo y dañó, además, 25 viviendas de los alrededores.
En Trujillo empezó esta práctica criminal que luego se ha extendido por el país como una última advertencia antes de mandarlos matar por sicarios.
En los 13 meses que van entre enero del 2025 y enero de este año, en el Observatorio del Crimen y la Violencia hemos registrado 326 explosiones de envergadura. Además –y básicamente dirigidos a los transportistas–, hemos documentado 31 incendios destinados a destruir vehículos de quienes se resisten a mayores niveles de extorsión de los que ya son víctimas.
Lo que empezó en Trujillo se extendió rápidamente a otras provincias de La Libertad: Ascope, Chepén, Pacasmayo y Virú. Más al norte han sacudido Piura, Sullana, Talara y Chiclayo. Lima y Callao, por su tamaño, superan a todas las otras ciudades en número de atentados. Finalmente, en el sur las más afectadas son Chincha, Pisco e Ica, y el nuevo ‘método’ de amedrentamiento ya llegó a Arequipa. Si seguimos el patrón ya conocido, pronto continuará desparramándose hacia otras ciudades.
Un año después del primer atentado, la población objetivo del extorsionador se ha vuelto más vulnerable; ya no solo es que al final quizás los maten a balazos, sino que en el camino sus pequeños y medianos emprendimientos pueden ser remecidos por las explosiones o quemados por incendios provocados.
Como en toda esta historia trágica hay una continuidad entre Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí en el fracaso del enfrentamiento del problema, confundiendo el estado de emergencia –una herramienta que puede ser útil si está en el marco de una estrategia consistente–. Y no es que no la haya. De hecho, tenemos un muy bien preparado Plan Nacional Multisectorial de Lucha contra el Crimen Organizado 2019-2030.
Pero al igual que en su momento Boluarte quería su plan, Jerí también quiere el suyo, uno que, más allá de sus contenidos, debiera tener vida muy corta.
Es que la permanencia de Jerí en la presidencia es intolerable.
Si bien estamos acostumbrados a que los altos funcionarios sean corruptos y que mientan sobre su capacidad de enfrentar el crimen violento, este individuo ha cruzado otras rayas que lo convierten en un inmoral incorregible. Sabemos que usa Palacio de Gobierno para favorecer con empleos muy bien remunerados a jóvenes mujeres que lo visitan y se quedan hasta altas horas de la noche o incluso hasta el día siguiente.
Peor aún, una investigación de “Perú 21” da cuenta de la fiesta por su cumpleaños, en noviembre del 2024 –cuando ya se había documentado su corrupción como presidente de la Comisión de Fiscalización–. En ella participaron dos de las señoritas que, se señala, eran parte de la red de prostitución en el Congreso y que fueron llevadas para el ‘entretenimiento’ de los invitados que se quedaron en la noche. Hechos inesperados que el cumpleañero temía se hicieran públicos, lo colocan como otro sospechoso en el impune asesinato de la joven Vidal.
Hay quienes en el Congreso lo defenderán a morir porque es uno de ellos. Pero lo que es incomprensible es que haya quienes pongan por delante la “estabilidad” como argumento para que se quede cinco meses más. No se dan cuenta de que en pleno período electoral alimentan la imagen de que lo único que les importa son los negocios, con las consecuencias que ello puede tener en los resultados.
WUF
