Daniela Meneses

Periodista y abogada

Recuerdo, al principio del estado de emergencia, haber escuchado comentarios del tipo “pronto vendrá el ‘baby boom’ de la cuarentena”. Por entonces, sin embargo, también leía un artículo de “The New York Times” que más bien apuntaba a que la pérdida de trabajo, la inseguridad sobre el futuro y el complicado acceso a los sistemas de salud desincentivarían a muchas parejas de tener hijos. “A las personas les gusta esta idea de que, si la gente está encerrada, no tendrá mucho que hacer. Pero ellas usarán métodos para prevenir el embarazo”, sostenía la demógrafa Alison Gemmill, de la Universidad Johns Hopkins.

El problema, por supuesto, es que para muchos el coronavirus está exacerbando la dificultad de acceder a métodos anticonceptivos. Esto tiene como consecuencia un aumento de embarazos no planeados (con todos los impactos de salud, emocionales y económicos que estos tienen) y de infecciones de transmisión sexual. A fines del mes pasado, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA en inglés), con la colaboración de la Universidad Johns Hopkins, la Universidad Victoria y Avenir Health, publicó un reporte que resaltaba –entre otros puntos– el impacto negativo del coronavirus en la planificación familiar. Allí, se discuten problemas como que “el personal clínico ocupado con la respuesta al COVID-19 podría no tener tiempo de ofrecer servicios o carecer del equipo de protección personal necesario para ofrecer los servicios de manera segura”.

El reporte también resalta que, incluso donde se provean los servicios, existe el riesgo de que las personas decidan no ir a recibirlos por miedo a contagiarse o porque las restricciones de circulación hagan en la práctica imposible acudir a ellos. Además, el UNFPA alerta que, si las personas no encuentran los métodos que usualmente usan, pueden terminar sustituyéndolos por algunos menos eficaces o dejar de usarlos del todo. En ese sentido, un informe reciente de la OEA advirtió que se estima que 18 millones de mujeres en América Latina y el Caribe dejarán de tener acceso a anticonceptivos en el contexto del COVID-19.

En nuestro país, la semana pasada la Defensoría del Pueblo publicó un reporte sobre acceso de salud de las gestantes a principios de abril, donde se mencionó brevemente el acceso a anticonceptivos y se alertó que se habían suspendido servicios de planificación familiar. El lunes, me comuniqué con Valeria Cárdenas, una de las principales encargadas del informe, para preguntarle por la situación actual. Me dijo que ya existe una directiva que establece la necesidad de garantizar la continuidad de estos servicios. Pero agregó que las restricciones de tránsito siguen siendo una causa de preocupación: “Esta no es una situación de emergencia; entonces, si digo que voy a recibir orientación o a que me pongan una nueva inyección, estoy sujeta a la discrecionalidad del policía que me pare”. El reporte de la Defensoría recuerda, además, que quienes son más afectadas por esta situación son las mujeres más vulnerables, que además enfrentan mayores dificultades para acceder a anticonceptivos de forma privada.

También me comuniqué con María Eugenia Mujica, representante auxiliar del UNFPA en el Perú, que me comentó que estiman que los nacimientos no planificados en el Perú “podrían incrementarse entre 50 mil y 100 mil en función del tiempo en el que el acceso a los servicios de planificación familiar y los métodos anticonceptivos modernos estén interrumpidos”. Además, recordó que en nuestro país el 55% de las mujeres en edad reproductiva actualmente unidas usa métodos anticonceptivos modernos. De estas, alrededor de 45% se provee de ellos en el Minsa (cuya provisión, me dice, se habría interrumpido a mediados de marzo), y otro 45% se provee de ellos de forma privada. En ese sentido, Mujica advierte que el impacto del coronavirus “en el poder adquisitivo de los hogares sin duda afectará también la posibilidad de adquirir métodos anticonceptivos modernos, especialmente aquellos más costosos, en las farmacias”. Mujica también mencionó otro tema clave: el peligro que esto significará para la vida de muchas mujeres. “El incremento de embarazos no planificados en el contexto actual pone en riesgo la salud y supervivencia de las mujeres, debido a que es probable que dadas las circunstancias haya un incremento en la proporción de abortos, muchos de los cuales serán realizados en condiciones de gran precariedad y ausencia de seguridad”.