Al día siguiente de sus declaraciones en Sao Paulo, la gente observaba en los quioscos de diarios las portadas que daban cuenta de que Barata “repartió a todos”. (Foto: Archivo El Comercio)
Al día siguiente de sus declaraciones en Sao Paulo, la gente observaba en los quioscos de diarios las portadas que daban cuenta de que Barata “repartió a todos”. (Foto: Archivo El Comercio)
Fernando Rospigliosi

La postergación del interrogatorio a ha sido justificada por los fiscales a cargo del caso con el argumento, o pretexto, que están esperando que envíen las declaraciones de otros testigos de Brasil. Una disculpa poco creíble dado que en base a las anteriores experiencias los fiscales ya deberían saber que los testimonios nunca llegan inmediatamente.

La ex procuradora Katherine Ampuero y el congresista Víctor Andrés García Belaunde han esbozado otra hipótesis: Barata se ha negado a declarar hasta que el Poder Judicial valide el acuerdo con suscrito por los fiscales y el procurador del gobierno. Y los fiscales, según esa versión, han cedido otra vez a los requerimientos de la empresa.

Según Ampuero, se trataría de “una estrategia de Odebrecht y sus ex funcionarios, que podría consistir en aún no dar las declaraciones de Barata hasta cuando ya se haya aprobado el acuerdo de colaboración eficaz. Espero que no sea así, porque sería lamentable que una empresa corrupta ponga condiciones a las autoridades peruanas para declarar. Sería inaudito”. (“Odebrecht hace lo que quiere en el Perú”, “Expreso”, 7/3/19). También “Hildebrandt en sus trece” tiene una interpretación similar: “Barata impone condiciones” (8/3/19).

Es cierto que el Poder Judicial tiene que confirmar el acuerdo. Pero aquí surge otro problema. La empresa ha admitido que pagó coimas en solo cuatro casos. Eso no es verosímil –por ejemplo, no se incluye ninguna de las obras otorgadas durante el gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia–, pero es lo que los fiscales y el gobierno de han aceptado.

El asunto es que cada uno de esos cuatro casos está a cargo de un juez diferente y, se supone, que cada juez tendría que dar su aprobación. Eso es lo que dijo el presidente de la Corte Suprema, José Luis Lecaros, a Mariella Balbi en una entrevista reciente cuando le preguntó quién los ratificaría: “Los jueces que ven los casos acordados con Odebrecht. Son cuatro investigaciones fiscales y cuatro jueces, cada uno ve su caso”. (“Perú21”, 17/2/19).

No obstante, los fiscales y la coalición vizcarrista que los respalda pretenden que sea una sola jueza la que decida. En poco tiempo se sabrá si se imponen en este aspecto también.

Las dudas respecto a la buena fe de los declarantes en Brasil han crecido cuando se ha conocido que otra empresa que se encuentra en situación similar, OAS, pagaba un millón seiscientos mil dólares a cada uno de sus ex ejecutivos para que “ajustaran” sus declaraciones ante el sistema judicial a lo que la empresa quería. Es decir, para que dijeran solo lo indispensable y ocultaran lo que pudieran. Eso lo atestiguó uno de los ex gerentes de OAS, Adriano Quadros de Andrade, que no recibió ese beneficio de la empresa. El ex director de OAS Mateo Coutinho de Sá confirmó lo que dijo su compañero. Él está descontento porque solo le pagaron la mitad de lo prometido.

Según una jueza en Brasil, el propio ejecutivo reconoció que el pago se dio porque el testigo benefició a OAS en su delación, “lo que demuestra que la misma continúa cometiendo crímenes y omite hechos a la justicia”. (A Postagem, Brasil, 2/3/19. También “Gestión” digital, 6/3/19).

Precisamente el domingo pasado, “Panorama” publicó un reportaje donde revela los métodos corruptos de operar de OAS en el Perú. Entre otras cosas, señala que en el gobierno anterior, para comprobar su relación con el poder y conseguir licitaciones, el directivo de OAS Valfredo de Assis Ribeiro enseñaba los chats que demostraban la familiaridad que tenía con Nadine Heredia. Él aparece en las agendas de ella con cifras que indican que pagaba miles de dólares a Heredia a través de una amiga antes de llegar al gobierno.

Así actúa OAS. ¿Odebrecht hará lo mismo, se pondrá de acuerdo con sus ex directivos para declarar lo menos posible? Algunos creen eso. Otros, como el periodista Gustavo Gorriti, piensan que es “una compañía que se encuentra ahora en profundo proceso de reforma y que hoy colabora plenamente en la tarea de identificar la corrupción y los corruptos”. (IDL-R, 23/1/19).

Ojalá que Barata declare y, sobre todo, diga la verdad, y no deje esperando a los espectadores como Godot, el personaje de Samuel Beckett, que nunca llegó.

Otrosí digo:
El miércoles 6 la Cámara de Diputados italiana aprobó por una amplia mayoría la incorporación de la Doctrina del Castillo al código penal. Ahora los ciudadanos podrán defender su casa, su castillo, de cualquier intrusión. Su defensa será considerada siempre legítima, aunque el asaltante no muestre su arma. A fin de mes se votará en el Senado de Italia y se espera su aprobación. Es hora de que una legislación similar se apruebe en el Perú.