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La batalla por el espacio público, por Jorge Ruiz de Somocurcio

"Los comerciantes callejeros perciben que hay una suerte de derecho ancestral a invadir el espacio público", opina 

La batalla por el espacio público, por Jorge Ruiz de Somocurcio

La batalla por el espacio público, por Jorge Ruiz de Somocurcio

La semana pasada más de mil vendedores callejeros inundaron las calles del Centro Histórico de Lima, sumándose a los 4.000 ya registrados por la municipalidad. Y el martes 3 una batalla campal en Mesa Redonda entre vendedores y serenos daba cuenta de la disputa del comercio callejero por el uso de las calles, evidenciando no solo el problema de la desocupación y falta de oportunidades (30% de los vendedores son analfabetos o solo tienen primaria), sino también el sentido de propiedad del espacio público. Los comerciantes callejeros perciben que hay una suerte de derecho ancestral a invadirlo como parte de su “derecho al trabajo”.

Por espacio público se entienden los parques, veredas, paraderos, bulevares, alamedas, plazas, malecones, entre otros, que generan identidad, permiten la socialización del vecino de cualquier edad, el descanso y la reconciliación con su ciudad. Un buen espacio público puede aportar una calidad de vida que mitigue la precariedad en un asentamiento popular. Por eso son tan importantes los espacios  de calidad en las zonas más pobres.

No menos del 10% del área urbana en una ciudad debería ser espacio para recreación pública. Eso es un promedio en las ciudades mejor atendidas. Y no contamos las calzadas ni  las áreas verdes, que deberían ser 8 m2 por habitante, según la OMS, mientras en Lima el promedio es solo 2 m2/habitante.

Lima tiene menos de 5% de área urbana para espacio recreativo, en gran parte porque más de la mitad de la ciudad se ha hecho informalmente sin aportes ni equipamiento.

La Costa Verde, que es otra dimensión del espacio público y aceptada como el ámbito potencialmente más importante para la metrópoli, ahora padece una batalla entre los distritos y el municipio metropolitano por el control y titularidad del corredor ribereño. Aquí ocurre el caso inverso al del Centro Histórico. Las entidades designadas para protegerla se han dedicado, más bien, a privatizarla sin misericordia, vendiendo o concesionando sus mejores espacios y playas.

El martes 3, el Colegio de Arquitectos del Perú realizó un conversatorio sobre la Costa Verde y su futuro. Se avanzó algo en el tema, pero el consenso aún es lejano. Lo que debe quedar claro es que mientras no haya una unidad de gestión integral (que no es Emape) capaz de hacer cumplir un plan maestro, cualquier propuesta será de dudosa implementación y la Costa Verde seguirá a la deriva.

Finalmente, no debemos resignarnos a la falta de espacios públicos en una ciudad que se ha ido diseñando en función al mercado inmobiliario, con el automóvil como emblema y no en función al ciudadano de a pie. Mientras Lima no provea espacios para el bienestar o el ocio de la población, a la misma velocidad y proporción con la que avanza el ‘boom’ inmobiliario, no logrará redistribuir socialmente los beneficios del crecimiento. Más bien, a pesar que se reduce la pobreza, continuarán acentuándose las desigualdades y conflictos.

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