Camino al despeñadero

Los resultados financieros de Petro-Perú son claros y muestran una empresa quebrada que cada año endeuda más a los peruanos e hipoteca nuestro futuro. Si Petro-Perú fuese una empresa privada, hace tiempo que hubiese sido reestructurada o liquidada porque ningún empresario mantiene una empresa que genera pérdidas millonarias año a año y cuya situación no puede revertirse en el corto plazo. Para que se haga una idea, su déficit de capital de trabajo es de US$1.000 millones.

Pero Petro-Perú tiene la ventaja de ser una empresa pública, esto es, ser propiedad del Estado Peruano. O como les gusta decir a los políticos de izquierda, de todos los peruanos. El problema con esto es que, si bien suena bonito en un discurso populista, en la práctica Petro-Perú pierde nuestro dinero, todos los días. En los dos últimos años, Petro-Perú perdió US$1.896 millones. Sin embargo, la buena noticia, según su presidente, Alejandro Narváez, es que Petro-Perú “solo” perdería US$223 millones en el 2025.

Los directivos de la petrolera estatal han buscado que esta regrese a operar lotes petroleros para generar recursos que la ayuden a reducir sus pérdidas, pese a que no tiene la capacidad técnica ni financiera para hacerlo. Más aún, tiene un impedimento legal que le prohíbe realizar proyectos que le generen pasivos, reales o futuros, mientras no pague los préstamos por la refinería de Talara. Pero como en el Perú las leyes rara vez se cumplen, en el 2023 Perú-Petro, la agencia estatal encargada de atraer inversión privada para la exploración y explotación de hidrocarburos, no logró atraer postores privados en el concurso para licitar el lote 192, y terminó entregándoselo por 30 años a Petro-Perú, la empresa petrolera con más infracciones ambientales del sector. El lote 192 es el lote petrolero más grande que tenemos. Hasta el 2015 era operado por Pluspetrol y producía el 17% de la producción nacional, con reservas probadas de 134 millones de barriles. El lote está inoperativo desde el 2020. En ese momento, su explotación suponía una inversión de US$638 millones.

Petro-Perú suscribió un contrato con Altamesa Energy como socio operador. Pero Altamesa se declaró en insolvencia y abandonó el país dejando que la petrolera estatal asuma una deuda de US$30 millones. Este año, Petro-Perú convocó a concurso público para contratar a un nuevo socio operador, pero ninguna empresa presentó ofertas. Finalmente, hace unos días anunció la selección, a través de negociación directa, de Upland Oil & Gas, empresa que no tiene la capacidad técnica ni financiera para operar un lote de la magnitud y complejidad del lote 192. Pero, como estamos en el Perú, donde los funcionarios no asumen responsabilidad por sus actos, es muy probable que Perú-Petro le otorgue la autorización. Dicho sea de paso, Petro-Perú espera que sea el Estado el que asuma los millones de dólares que requerirá reactivar el lote 192.

Haber permitido que Petro-Perú regrese a operar lotes petroleros es una irresponsabilidad enorme. Históricamente, las empresas públicas han sido las responsables de los grandes forados fiscales y de la inflación desbocada que destruyó nuestro país. El IPE calcula que las pérdidas acumuladas por las empresas estatales a 1990 llegaron a US$17.738 millones, lo que equivalía al 67% del PBI de ese año.

Dina Boluarte anunció en su mensaje que Petro-Perú iniciará la exportación de combustibles a Ecuador, para lo cual interconectará el Oleoducto Norperuano con los campos petroleros ecuatorianos: 70 kilómetros de tubería nueva. Adivine quién asumirá el costo de inversión del oleoducto.