¿Qué se debería priorizar en la transferencia del Gobierno?

Un proceso de transferencia no garantiza el éxito de un gobierno y creer lo contrario sería exagerar su peso. Lo que sí revela, y temprano, es a quién es capaz de convocar quien va a gobernar. No es un dato menor: la experiencia enseña que muchas de las autoridades nombradas después salen precisamente de esos equipos, que suelen llegar con ideas propias sobre los sectores que reciben.

¿Hay sectores prioritarios por mirar? Lo primero es lo transversal: los compromisos presupuestales de este año que alcanzan los S/162.000 millones en el Ejecutivo y debe revisarse la ejecución por sector. La pregunta correcta no es cuál importa más, sino dónde hay riesgo de dejar obras o servicios ciudadanos a medio camino. Ninguno debería y ese debe ser el estándar mínimo.

Dicho esto, la coyuntura fija como prioridad la gestión del riesgo de desastres. Con un fenómeno de El Niño en el horizonte, hay que revisar en detalle los que dan la primera respuesta, como el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) o los sectores Defensa y Salud. Y también los que reconstruyen como Transportes y Agricultura. Ese engranaje no admite improvisación.

Pero lo urgente no significa desatender lo demás. Educación es el mejor ejemplo: decisiones como refinanciar la Beca Bicentenario no permiten demoras porque definen trayectorias de vida. Atender la emergencia no es excusa para postergar el resto.

Y ahí está el punto de fondo. Casi nada de lo que viene es imprevisible. El calendario de lluvias se conoce, los presupuestos están ejecutándose, las obras tienen nombre y expediente. Un gobierno que empieza no hereda solo cargos, hereda decisiones en curso y compromisos asumidos con los ciudadanos. Gobernar es, sobre todo, no fingir sorpresa.

Nada debería tomarnos en ‘offside’. Y nada, absolutamente nada, debería quedarse a la mitad.

La transferencia de gestión gubernamental en el Perú no debe ser un trámite administrativo o el cumplimiento de una formalidad, es un momento crítico para la estabilidad democrática y la continuidad del servicio público. En nuestro país, donde la fragmentación política suele generar rupturas bruscas, este proceso debe representar el puente necesario para garantizar que el Estado no se detenga ante el cambio de autoridades.

Una transferencia eficiente es, ante todo, un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, ya que debería permitir a la nueva administración gubernamental, conocer con precisión el estado de implementación de las políticas públicas, las principales decisiones adoptadas para la solución de los problemas más álgidos del país y que preocupan a la ciudadanía, entre otros, la delincuencia, la generación de empleo, el combate a la minería ilegal, el crecimiento económico sostenido, la reducción de la pobreza, la atención en salud, la atención a la primera infancia (vacunación, desnutrición crónica infantil, anemia), la violencia sexual contra menores de edad, la promoción de la inversión privada y la mejora del clima de negocios, la promoción y protección a los emprendedores y a las mypes, la sostenibilidad de las grandes inversiones públicas y privadas, el proyecto de presupuesto público 2027, que de no comunicarse, se corre el riesgo de paralizarse durante sus primeros meses, afectando directamente a los servicios que reciben los ciudadanos.

Así también, permite evaluar si se requiere fortalecer o hacer ajustes a lo que ya se viene implementando, que por la situación política actual, se han dejado de atender demandas ciudadanas válidas, importantes y necesarias, entre otras casuas, por la alta rotación de funcionarios de alto nivel, de hecho, mientras redactaba estas líneas, se cambiaba a otro Ministro de Estado, que había sido designado hace poco menos de 5 semanas.

En cuanto a la importancia de los equipos de transferencia, marca la diferencia entre una gestión que arranca con celeridad y una que tropieza con la improvisación. Estos equipos (los que entregan y los que reciben) deben estar conformados por especialistas técnicos que comprendan no solo la normativa, sino la complejidad operativa del sector. Un equipo competente actúa como un filtro que separa la retórica política de la realidad administrativa, asegurando que la nueva gestión tome decisiones basadas en evidencia y no en suposiciones.

En conclusión, la transferencia es el primer acto de gobierno. Su éxito determina si el nuevo mandato será capaz de cumplir sus promesas o si, por el contrario, terminará atrapado en la curva de aprendizaje de sus antecesores.