¿Colaboración parlamentaria?, por Raúl Ferrero

El Parlamento ha tramitado en un tiempo prudencial las facultades delegadas solicitadas por el gobierno, por lo que ahora le toca a este expedir los decretos legislativos correspondientes, en un plazo de 90 días, y a su vez emitir los reglamentos necesarios.

La previsión constitucional que permite la legislación delegada en materias específicas es tanto sana como práctica y viene a dar alivio a ambos poderes para que el aparato gubernamental funcione con rapidez y eficiencia en determinados casos, en que la situación lo aconseja (como por ejemplo, cuando se trata de un cambio de gobierno).
La experiencia constitucional peruana en esta práctica es positiva ya que alivia innecesarias tensiones que de otra manera podrían llevar a una confrontación entre los dos poderes políticos, evitándose así que ello nos pueda conducir a la paralización del aparato gubernamental.

Comprendemos que el Poder Legislativo sea normalmente retrechero para concederlas, así como que el Poder Ejecutivo pretenda algunas delegaciones más allá de las indispensables. En este pulseo, la opinión pública juega un papel importante, a cuya formación contribuyen los medios de comunicación y cada vez más las redes sociales, de manera que todos los peruanos pueden participar e influir en ella.

En la situación actual, las cosas son un tanto más complicadas. Tenemos en el Poder Ejecutivo a Peruanos por el Kambio, que logró triunfar en la segunda vuelta electoral, con lo que ganó el derecho a gobernar el país por cinco años, pero en el Poder Legislativo, elegido en la primera vuelta, Fuerza Popular tiene una mayoría de 72 parlamentarios sobre un total de 130.

 Por ello, resulta positiva la buena disposición demostrada por el Congreso para otorgar las facultades legislativas al gobierno en los temas solicitados, ya que si hubiese querido, bien le pudo hacer las cosas más difíciles al solicitante.

Ahora, el Poder Ejecutivo deberá legislar pensando con sentido práctico, por lo que se espera que los instrumentos jurídicos que se redacten sean útiles para resolver los problemas que el partido de gobierno señaló durante la campaña electoral, así como después, por cuanto forman parte de su programa de gobierno.

En las próximas semanas –y seguramente antes de que se cumplan los 90 días otorgados para legislar–, se estarán expidiendo los decretos legislativos respectivos que deberán ser verdaderas guías legales para impulsar las medidas necesarias que se han venido anunciando reiteradamente.

Se debe tener presente que esta legislación excepcional servirá para encarar, con los instrumentos adecuados, la reactivación económica que se está esperando, en momentos en que el entorno internacional no ayuda.

A esto se agregan los demás problemas agudos que es preciso enfrentar si se pretenden superar los obstáculos en los campos de seguridad ciudadana, rendimiento tributario, formalización del empleo, lucha contra la corrupción y contra el lavado de activos (lo que implica reforzar la UIF), agua y saneamiento y reorganización de Petro-Perú.

Empero, no olvidemos que la nueva legislación que se obtenga queda sometida, en cuanto a su promulgación, publicación, vigencia y efectos, a las mismas normas que rigen para la ley, por lo que podrán ser materia de modificaciones y eventualmente hasta derogatorias por el Congreso si este se encontrara en desacuerdo con alguna o algunas de ellas.

El otorgamiento de las facultades legales nos parece conveniente, al igual que se espera que el Congreso demuestre buen criterio al revisar la legislación aprobada, más aun si Fuerza Popular pretende ser gobierno el 2021 y por lo tanto tiene un interés político directo en que las nuevas normas sean útiles y provechosas para el país.