(Foto: El Comercio)
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Fernando Cáceres Freyre

Director de Síntesis Consultoría

Se acerca el inicio del año escolar, y nuevamente los sindicatos de profesores amenazan con movilizaciones si es que el Ministerio de Educación (Minedu) no atiende sus “pliegos de reclamos”. La pelea parece reivindicativa, pero es más representativa. Los sindicatos se pelean para erigirse como los principales representantes de los profesores a nivel nacional. En el medio, los niños pagan la cuenta. Y a más problemas en la educación pública, más colegios privados aparecen. Solo en los últimos 20 años, el número de escuelas privadas se ha incrementado en 50%, y ya atienden al 28% de los alumnos (Escale, Minedu).

No me cuento entre quienes ven con malos ojos la educación privada, incluso con fines de lucro. Pero muchos de los colegios que han proliferado en los últimos años son de mala calidad o informales. Hasta existen colegios que matriculan y atienden tomando prestado el código modular –una suerte de ‘DNI’ que permite identificar a los centros educativos– de otros, sin que los padres de familia lo sepan. Vale decir, son panaderías o bodegas y operan como colegios

En este contexto, cada vez es más importante que las reglas de juego bajo las cuales trabajan los colegios privados promuevan calidad y formalidad. Ante todo, es irrazonable que un colegio privado no pueda suspender el servicio hasta doce meses después de que los padres no hayan pagado la pensión. Como dice la Asociación de Colegios Particulares Amigos (Adecopa), ni siquiera en servicios públicos como agua potable y electricidad existen reglas como esa, pues tras dos meses de falta de pago se suspende el servicio. Y las clínicas solo deben prestar gratuitamente servicios hasta estabilizar al paciente.

Las reglas actuales hacen que los padres que pagan puntualmente terminen subsidiando a los demás, lo cual afecta la calidad del servicio. Esto no es justo. Por ello, el Estado debería garantizar que frente a la imposibilidad real de pago los chicos sean trasladados a escuelas públicas, o se les dé un subsidio para que terminen el año en el colegio donde están, y luego pasen a una escuela pública.

En paralelo, los colegios privados (o estos junto al Minedu) deberían ayudar a reducir la asimetría informativa en cuanto al costo y calidad del servicio, para empoderar a los padres de familia. El Minedu cuenta con Identicole (www.identicole.pe) que ofrece información demográfica de colegios y costo de pensiones y matrícula. Sin embargo, se trata de información solo del último año, y no ayuda a conocer la tendencia en el alza de las pensiones.

Tampoco están disponibles indicadores públicos que ayuden a los padres a evaluar la calidad de la educación que reciben sus hijos. Por ejemplo, para aquellos que valoran la educación superior, cuánto éxito tienen los colegios en lograr que sus hijos ingresen a una universidad o instituto. Y si no se desea usar ránkings, se puede emplear un esquema de tercio superior, medio e inferior.

Asimismo, además de sancionar a los colegios formales que realizan cobros indebidos, hay que intervenir las ‘panaderías colegio’ mediante procesos rápidos que eviten que los niños terminen perdiendo el año escolar. Ya existe un decreto supremo que permite actuar en estos casos, ahora falta que las direcciones regionales y el Indecopi apliquen las normas con celeridad.

Y así como estos ejemplos, hay varias otras reglas que repensar. Hay que darle cada vez más importancia a la educación privada básica –no solo pensar en la pública–, y buscar dotarla de reglas de juego razonables, pues la lucha sindical parece la de nunca acabar. Los niños no deben pagar la cuenta.

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