Se acerca el final de la legislatura y el Congreso avanza a toda máquina para aprobar normas que favorecen sus propios intereses y no los de la ciudadanía.
Un ejemplo es el proyecto de ley, aprobado en primera votación por el pleno (con 51 votos a favor, 13 en contra y 32 abstenciones –incluidas 13 de Fuerza Popular y cinco de Avanza País–, mediante el que se pretenden aprobar modificaciones a la regulación penal del crimen organizado). Esta norma ha sido calificada por el fiscal Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, como una disposición “prodelincuencia”.
Entre otros aspectos, la propuesta establece que solo podrán ser calificados como crimen organizado aquellos delitos con penas superiores a los seis años. Esto, según especialistas, implica que algunos ilícitos relacionados a la corrupción de funcionarios no entren en la categoría. Vale precisar que el proponente de esta ‘joya’ legislativa es Américo Gonza de Perú Libre. Y también que el fundador del partido que nos presentó al golpista Pedro Castillo y a la actual mandataria, Vladimir Cerrón (el prófugo que todos buscan –risas–), es investigado por organización criminal en uno de sus procesos en curso.
No es solo Cerrón el investigado por organización criminal. También José Luna Gálvez (Podemos Perú), la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, entre varios otros políticos y funcionarios que podrían verse beneficiados con la medida. Es válido advertir que la fiscalía puede haber abusado en el uso de la figura, como pienso lo ha hecho también con los casos de lavado de activos. Pero una cosa no vale la otra. No por el mal uso de algo hay que destruirlo y beneficiar a los presuntos delincuentes, como han advertido la fiscalía y otros especialistas.
En un contexto más ‘normal’ en lo político, estaríamos frente a un escándalo de proporciones. Pero esos tiempos han pasado. Los señores legisladores (con excepciones) no tienen vergüenza de lo que hacen. Su aprobación ya está por los suelos y sienten que lo pueden todo porque, hagan lo que hagan, no pasa nada.
La semana pasada también se aprobó en primera votación una interpretación auténtica de la ‘ley de impunidad’ o ‘ley Soto’ (porque el presidente del Congreso, Alejandro Soto, la usó para librarse de un proceso penal).
La norma original se promulgó el año pasado y reduce los plazos en los que puede suspenderse la prescripción de un delito. En sencillo, beneficia a los investigados, pues se acercan más rápido a la prescripción.
La norma era tan cuestionable que la Corte Suprema, a través de un plenario, estableció que era inconstitucional y pidió a los jueces que no la apliquen. Ante esto, el Congreso ha aprobado una norma para reforzar la original y tratar de imponer su postura.
En los dos casos comentados faltan las segundas votaciones. Si las van a ratificar, al menos que todos se enteren de lo que están haciendo.
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