Unidos por la chaveta, por Federico Salazar

Un segmento importante de la población quiere que los congresistas actuales se vayan a sus casas. Algunos, incluso, quieren que se cierre el Congreso para siempre.

La gente está indignada con las barbaridades de algunos congresistas, sobre corrupción y conducta personal. Se entiende que hayan surgido sentimientos de repudio. El repudio, sin embargo, rebalsó.

El rechazo, en muchos casos, se trasladó de los infractores a la institución. El Poder Ejecutivo vio en ello una oportunidad para obtener un rédito político.

El arma utilizada, sin embargo, ha dejado daños colaterales. El más importante es la modificación de facto de la Constitución.

La Constitución limita a los gobiernos. Señala las reglas de cambio de ella misma, para que los cambios no generen un espasmo institucional cada vez que se producen.

El último artículo de la Carta dice: “Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros”. “La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República”, concluye.

El Ejecutivo sometió a voto de confianza proyectos de reforma constitucional. Lo hizo luego de haber perdido un Gabinete en otra solicitud de confianza. Este nuevo pedido, por tanto, ponía al Congreso contra la pared: si negaban la confianza, facultaba al presidente a disolver el Congreso.

Puede considerarse un arma política, pero, en realidad, se trata de un chantaje. Un chantaje para conseguir un objetivo ilegítimo: la aprobación, a marcha forzada, del proyecto de reformas constitucionales del Ejecutivo.

Si esto fuera puesto de manera explícita, la Constitución debería decir: El presidente está facultado a hacer aprobar reformas a la Constitución vía el voto de confianza.

El Ejecutivo ha insistido en que si no se aprueba la “esencia” de sus proyectos, dará por no otorgada la confianza. Como si el voto de confianza no fuera un voto (un acto de votación), sino una comparsa o una procesión.

El voto de confianza es un instituto del equilibrio de poderes. Le da una herramienta al Ejecutivo para evitar obstáculos a su acción de gobierno.

Hay quienes creen que el voto de confianza no tiene límites. Se basan en una lectura estrecha de una decisión del Tribunal Constitucional: “La cuestión de confianza que pueden plantear los ministros ha sido regulada por la Constitución de manera abierta, con la clara finalidad de brindar al Poder Ejecutivo un amplio campo de posibilidades en busca de respaldo político por parte del Congreso” (STC, 00006-2018, n. 75).

La estrechez de esta lectura consiste en obliterar (o sea, ‘puentearse’) la parte final de la oración: “Para llevar a cabo las políticas que su gestión requiera”. ¿La gestión de quién? ¡Pues de los ministros!

¿Está en el ámbito de la gestión de los ministros la reforma constitucional? De ninguna manera. Más adelante, el TC vuelve a referirse a las “cuestiones de confianza en los asuntos que la gestión del Ejecutivo demande” (n. 76). En todos los votos singulares se insiste en la exigencia deliberativa para los proyectos de reforma legal (no suponen en ningún momento reforma constitucional).

La sentencia del TC llamaba la atención al Congreso sobre el “déficit deliberativo” en la aprobación de las leyes. ¿Acaso el Ejecutivo tiene licencia para soplarse ese déficit? ¿Puede el presidente hacer aprobar reformas constitucionales a través de ardides de política menuda?

El Ejecutivo se ha hecho de un poder constituyente que no le corresponde. Ha mandado a hacer reformas constitucionales que tienen que respetar la “esencia” de lo que dicta. Ha convertido, además, a una comisión designada por el gobierno en parte del nuevo poder constituyente.

El Congreso va a simular que debate seis proyectos de reforma constitucional en un mes o menos. El país desconoce, sin embargo, lo que se someterá a votación y lo que se reformará en su Constitución.

¿Y todo para qué? Para obtener la foto en la que el Ejecutivo dice “luchamos contra la corrupción”. Ese es el tamaño de la frivolidad. Por ella, finalmente, el Ejecutivo se une al Congreso para chavetear la Constitución.
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