(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Carlos Basombrío Iglesias

Analista político y experto en temas de seguridad

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Es un alivio el fin de la desgastante crisis de la vacancia, en el que, una vez más, el Perú puso en vilo su destino. También lo es el relativo descenso de la virulencia de la pandemia. Sumadas estas dos situaciones a la creciente actividad electoral, dan cuenta de un nuevo momento político.

En la nueva etapa, el presidente Martín Vizcarra queda bastante desacreditado y expuesto. Visto en perspectiva, lo de Richard Swing pudo quedar como una anécdota desagradable y representativa de la inveterada costumbre de los políticos de beneficiar a sus amigos con cargos públicos. Si no había más que eso, el asunto no debiera haber pasado de una reprensión moral del tipo: “qué lástima, otro presidente que hace lo mismo”.

Pero no. Un vergonzoso operativo de encubrimiento se montó sobre un tema que, en el contexto de los problemas del país, se puede calificar de muy menor. Agreguémosle a lo que supimos a través de los audios sobre cómo se trabajó esta ocultación, que la fiscalía ha descubierto que, entre otras medidas desesperadas (y torpes), se borraron con ese propósito más de 27.000 correos electrónicos del servidor de Palacio de Gobierno.

Quizás algún día nos enteremos de lo que verdaderamente sucedió (Swing no es precisamente una tumba y la fiscalía se ha tomado en serio su trabajo). Entretanto, en torno de la imagen del presidente rondarán leyendas, cada cual más nociva, sobre por qué le era tan importante el caricaturesco personaje.

Por suerte, para el país los riesgos de inestabilidad política vinculados a este tema irán disminuyendo con el transcurso de las semanas y los meses. A mayor cercanía de las elecciones, la relevancia de Vizcarra va a ir reduciéndose. De hecho, un presidente que se va –y en particular uno tan solitario en el poder– se comenzará a parecer cada vez más a un periódico de ayer.

Otra de las consecuencias de la crisis es que se está invirtiendo la relación entre el prestigio presidencial y el de su Gobierno. Si antes el presidente brillaba frente a un opacado Gabinete, en estas semanas, al primer ministro y a algunas de sus ministras, se les ve más sólidos y empeñados en lo suyo.

Tampoco es que antes de la última crisis hubiese grandes expectativas en torno de lo que el Gobierno podía hacer en su último año. Por eso, si logran que la pandemia no tenga grandes rebotes y que se reencauce la economía, debiéramos darnos por bien servidos.

En la medida en que lo económico va a depender mucho de lo viral, no se puede dejar de señalar que la bienvenida reducción de la mortalidad en las últimas semanas no es el final del camino. Los casos activos –los que importan, pese a su disminución– siguen siendo muy altos. Las casi 120.000 personas que al día de hoy son portadoras activas del virus nos colocan, a nivel per cápita, como el tercer país con más casos vigentes y solo superados por los Estados Unidos y Francia. No tenemos, pues, margen para pestañear.

Otro cambio se está larvando, esta vez, en el Congreso. Hasta hace poco, primaba allí la “impunidad del rebaño”. A saber, que cada iniciativa, por más alocada e irresponsable que fuese, si podía ganar el aplauso fácil, lograba arrastrar los votos de más de 100 congresistas. Eso está empezando a cambiar.

Creo que la aún incipiente tendencia de las bancadas a diferenciarse entre sí tiene que ver con su creciente descrédito y la cercanía de la campaña electoral. Las nueve bancadas fueron elegidas compitiendo una contra otra y ya no pueden seguir actuando como si fueran una manada. Tienen que comenzar a ver, cada cual de acuerdo a su propio perfil, cómo cada decisión los beneficia o perjudica en sus propias aspiraciones electorales.

No quiero decir con esto que se vayan a transformar en un Congreso serio que recupera respetabilidad. Solo que los cálculos de conveniencia se harán por separado y ya no siempre conducirán a aprobar las mismas cosas.

Pero aún pueden hacer mucho daño. Por ejemplo, con la probable insistencia a la observada ley sobre devolución de aportes de ONP, que conjuga una manifiesta inconstitucionalidad con un forado fiscal de proporciones. También, con las poco transparentes maniobras que ya se empiezan a producir en torno de la elección de seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional. En este segundo caso, no necesitan coincidir, sino aplicar, la “cifra repartijadora”: “Tú vota por mi magistrado y yo voto por el tuyo”. Si no estamos vigilantes y lo impedimos, un Frankenstein así construido nos perseguiría los próximos seis años.

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