Cierre de legislatura

El fin de semana pasado nuestro Congreso cerró la legislatura ordinaria iniciada en julio y el análisis de las agendas del pleno, de las reformas constitucionales, de las leyes aprobadas, de aquellas que no lograron la votación requerida, de los retrocesos y correcciones, y de los proyectos pendientes aún de votación o en reconsideración, resulta muy ilustrativo de la lógica de funcionamiento de nuestro Legislativo.

Un balance exhaustivo de esta legislatura excede las posibilidades de este modesto artículo, pero podría decirse, en términos generales, que se percibe un gran desorden en todo el proceso legislativo: no queda del todo claro cuáles son las prioridades y en medio de ese vacío ganan espacio iniciativas diversas que apuntan en direcciones diferentes. Las propuestas capaces de avanzar más y generar más consenso parecerían ser aquellas que fortalecen el poder y las prerrogativas del Parlamento frente a otros poderes del Estado, aquellas que amparan intereses informales y clientelas políticas bien organizadas, y aquellas que buscan, con una supuesta lógica “garantista” y de corrección de excesos en la persecución de los delitos, desarmar el activismo judicial que permitió avances en la lucha contra la corrupción y en la búsqueda de justicia en casos de violaciones a los derechos humanos.

Considérense, por ejemplo, las decisiones que atentan contra la autonomía del sistema de justicia sancionando la actuación judicial y fiscal, por ejemplo, en casos en los que se libere a detenidos en caso de flagrancia (la fiscalía señala que diferentes disposiciones legales los obligan a tomar esas decisiones para algunos delitos); o la creación de una Comisión de Alto Nivel Multipartidaria para proponer una Reforma del Sistema de Administración de Justicia; o la decisión política de inhabilitar por diez años para ejercer cargos públicos al exministro de Salud durante el gobierno de Martín Vizcarra, Víctor Zamora.

En cuanto a la defensa de intereses informales y grupos particulares bien organizados, ya tuvimos el caso de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), al que habría que añadir la prórroga de la vigencia de la norma que formaliza a los autos colectivos, la aprobación de 21 universidades públicas en 15 regiones sin ningún respaldo presupuestal o justificación técnica, o la prórroga de la norma que reduce en 8% el Impuesto General a las Ventas (IGV) para las micro y pequeñas empresas de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos, pese a la oposición del Ministerio de Economía y Finanzas.

En cuanto al “garantismo” mencionado, piénsese, por ejemplo, en la aprobación de cambios en la figura de la extinción de dominio según los que se prohíbe que se pueda confiscar bienes sin previa sentencia firme y condenatoria, lo que generó un pronunciamiento en contra del Poder Judicial. Está también la aprobación de cambios que limitan la aplicación de la figura de la detención preliminar y preventiva para personal de la policía “en el ejercicio de su finalidad constitucional”, pero que abrió la puerta a la eliminación de la detención preliminar en escenarios de no flagrancia para todos los casos y todos los delitos. Una suerte de “contrabando” introducido por un grupo de legisladores, tan escandaloso que dio lugar a una reconsideración que aún espera promulgación por parte del Ejecutivo.

Seguiremos con el tema.