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Matrimonio violento, por Federico Salazar

“Esta norma no cambia en nada la relación que hay entre los negocios turbios y los partidos políticos. No cambia en mucho, además, la naturaleza formalista y burocrática de la inscripción”.

Federico Salazar Periodista

Comisión de Constitución

En la imagen, una sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, que preside la legisladora Rosa Bartra (Fuerza Popular). (Foto: Congreso).

Congreso

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó otra reforma política del Ejecutivo. El problema es importante: evitar que en las elecciones participen partidos “cascarón”. Se quieren verdaderos partidos políticos y no negociantes de la inscripción electoral.

Ninguna legislación, lamentablemente, puede “crear” un partido político cabal. Ningún dispositivo legal tiene ese poder divino.

La exigencia de adherentes, hasta ahora, facilitó el negocio de los planillones. Se trataba de conseguir cientos de miles o millones de firmas de la calle. Llegó a haber tarifas para la compra de planillones y adherencias.

Hubo partidos que lograban el objetivo comercial de recolectar firmas y que, después, ofrecían su “logo” para la inscripción electoral. Un candidato y su grupo de auspiciadores podían participar en elecciones con este tipo de acuerdo.

La propuesta de reforma aprobada tiene la buena intención de reducir el espacio a este negocio electoral.

Ya no será requisito un planillón con firmas recogidas en la calle, sino un padrón de afiliados. Actualmente, la exigencia es de más de 700 mil firmas válidas de adherentes. Si se aprueba el cambio, ya no será necesario pedir firmas a los “adherentes”, sino mostrar firmas de 24 mil “militantes”.

Sería formidable que en las elecciones participaran solo organizaciones políticas con vida partidaria, con cuadros y militantes, con historia, con líderes y comités y planes de gobierno expuestos y debatidos en las reuniones de partido.

Eso no existe en el Perú. Y si existe en otras partes, también está desapareciendo. La ley debería reconocer los partidos que existen, tal como existen, y debería dotarlos de un camino formal para participar en elecciones.

La ley puede hacer eso. Lo que no puede hacer es que, de la nada, surjan esas reuniones y esos debates, esos líderes y esos programas, esa historia y esos cuadros, esa ideología y esos programas de gobierno de ella tributarios.

¿Se reducirá la corrupción? ¿Se desplazará a los mercantilistas infiltrados en los partidos?

La realidad nos demuestra lo contrario. Fuerza Popular es el partido más grande y el más organizado en la actualidad. ¿Es clara su ideología? Sus planes de gobierno ¿son consistentes con algún tipo de pensamiento político?

Fuerza Popular pasó todas las formalidades de ley en su inscripción. No requirió vientre de alquiler ni compra de “logo”, como tantos otros. Y, sin embargo, ¿se libró de la corrupción? ¿No pudo ser infiltrado por los mercantilistas de la política?

En el esquema propuesto, el del mayor número de militantes, ¿Fuerza Popular quedaría fuera del proceso electoral? Si fuera así, ¿por qué fue a propuesta del fujimorismo que la valla se subió de 0,075% de militantes, como proponía el Ejecutivo, a 0,1% del padrón electoral?

Los procesos de comprobación serán menos engorrosos, pero el objetivo principal no se cumplirá. Esta norma no cambia en nada la relación que hay entre los negocios turbios y los partidos políticos. No cambia en mucho, además, la naturaleza formalista y burocrática de la inscripción.

El proyecto ha sido aprobado dentro del matrimonio forzoso entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ninguno de los dos se ha planteado el problema de los partidos y la participación política. Ninguno ha interpretado lo que pasa con las organizaciones políticas, la sociedad y la economía del mercantilismo.

Nada cambiará mientras fijemos el objetivo en la contabilidad de firmas, de DNI, de formularios y padrones. Nada cambiará si no se libera la participación política con relación a los partidos y no se somete a los partidos a una libre competencia entre distintas formas de organización política.

La legislación propuesta apunta a cerrar el paso a la participación política fuera de los partidos. Eso no va a generar mejores partidos, sino organizaciones más adaptadas al formalismo. Eso es independiente del contenido programático o ideológico, auténticamente partidario, de la organización.

El gobierno encargó estas reformas a una comisión de alto nivel. Presionó al Congreso para apurar las reformas. La pregunta es, ¿para qué?

No parece haber una intención de reforma política. Parece, simplemente, una demostración más de poder, de un matrimonio con esta especie de inútil violencia doméstica.

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