Lo ocurrido el domingo 12 de abril con la distribución de actas electorales en las Elecciones Generales en el Perú marca nuevamente un hito para cuestionar y exigir un cambio radical en la forma en que las instituciones del Estado realizan sus actividades de procura.
El hecho de que se hayan dado retrasos significativos y que 63 mil personas no lograran votar durante el domingo por negligencia de la empresa de transportes contratada Servicios Generales Galaga S.A.C. no es un hecho que pueda ser pasado por agua fría, como trató de hacer en su momento la ONPE. Si a ello se le suma la falta de tinta, las fallas del sistema STAE y otros desperfectos, estamos ante un caso de incompetencia supina.
Esto es especialmente grave si es que se analiza a detalle, por ejemplo, a Servicios Generales Galaga S.A.C. De acuerdo con la base de datos Hoovers®, propiedad de Dun & Bradstreet, existen alrededor de 38,000 empresas en Lima que se dedican a la misma actividad económica del proveedor contratado: transporte local sin almacenamiento. En base a las ventas y activos de Servicios Generales Galaga S.A.C. (cifras obtenidas por CIAL Dun & Bradstreet en 2024 por una debida diligencia realizada), esta se ubica por debajo de alrededor de 400 otras empresas que han pasado por un proceso de evaluación similar y cuentan con mayor capacidad de contratación que la empresa de transporte elegida.
¿Por qué se eligió una empresa que de acuerdo con lo reportado a SUNAT solo cuenta con 13 trabajadores y 20 prestadores de servicio? Aún peor, ¿por qué se le dio tan importante responsabilidad a una empresa que ya había sido 3 veces sancionada por la entidad contratante?
Nuevamente insisto con lo mismo que ya he manifestado en distintos artículos y ponencias: no hay que reinventar la rueda. Los procesos de diligencia debida que se realizan en el sector privado pueden y deben ser adoptados por el sector público. Elegir al proveedor idóneo basados en información fehaciente, verificable y tomando en consideración, tamaño, referencias de servicio, situación financiera, situación laboral de los colaboradores, entre otros, incluyendo los procesos de debida diligencia en cumplimiento (prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo – en su nombre local) es de carácter imperativo.
Esto, además de ser una negligencia de la ONPE, es una falla estructural que el sistema de contrataciones del Estado permite. Mientras no cambiemos la forma en que se dan las buena pro en el Estado, los puentes se seguirán desplomando, las obras serán paralizadas parcial o totalmente, y la corrupción seguirá imperando. La fórmula para contratar de manera proba ya existe, y es necesario imitar a países que lo vienen realizando, para que, con apoyo del sector privado, podamos tener un proceso estandarizado, objetivo, transparente y eficiente.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
