"Basta caminar entre ellas para verificar cómo las playas sobreviven entre el mal estado de las veredas, la suciedad y el mobiliario urbano destruido".
"Basta caminar entre ellas para verificar cómo las playas sobreviven entre el mal estado de las veredas, la suciedad y el mobiliario urbano destruido".
Augusto Rey
Augusto Rey

Si bien la concesión que buscaba construir sobre la playa Los Yuyos en Barranco ya fue descartada definitivamente, las idas y vueltas de esa iniciativa no solo evidenciaron la justificada preocupación de distintos grupos de limeños sobre lo que ocurre en la Costa Verde y el modelo de desarrollo de la franja costera de la capital, sino que nuevamente mostraron la ausencia de una instancia oficial capaz de asumir con responsabilidad el presente y la arquitectura del futuro de dicho espacio.

Aunque la Costa Verde cuenta con un plan maestro desde 1995, este ha sido prácticamente ignorado. Por un lado, las concesiones para restaurantes y clubes no solo han reducido el área de las playas o limitado el acceso a ellas, sino que hoy estas son pequeñas islas rodeadas de abandono. Basta caminar entre ellas para verificar cómo las playas sobreviven entre el mal estado de las veredas, la suciedad y el mobiliario urbano destruido.

Por otro lado, la infraestructura implementada no ha seguido ningún eje articulador que armonice las distintas iniciativas de cada uno de los municipios distritales. Así, este espacio público está cada vez más fragmentado y no cuenta con las condiciones necesarias para que peatones y ciclistas puedan acceder y movilizarse de forma segura.

En gran medida, esta situación se debe a la forma en que la Costa Verde se administra, en la que nadie es realmente responsable de lo que pase ahí. En 1994, en el contexto del debilitamiento de la Municipalidad de Lima por el gobierno nacional, se transfirió la propiedad de la Costa Verde a los seis distritos ribereños (Chorrillos, Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena del Mar y San Miguel). Desde entonces, el otorgamiento de licencias recae sobre cada uno de esos municipios que, además, son responsables de brindar servicios en el área que se encuentra dentro de los límites de su territorio. El problema se agrava pues sus jurisdicciones entran en conflicto con otras. La Municipalidad de Lima administra y mantiene la pista para vehículos y la Marina de Guerra otorga autorizaciones sobre las playas o el mar que está frente a ellas. Es decir, no solo tenemos una Costa Verde desarticulada, sino en constante conflicto.

La Autoridad del Proyecto de la Costa Verde, creada simultáneamente en 1994, buscó reunir a los seis alcaldes distritales y a la Municipalidad de Lima para facilitar una toma de decisiones unificada. Lamentablemente, no ha funcionado, pues no cuenta con competencias ni presupuesto para liderar una visión común, sostenible y de largo plazo que asegure una canalización adecuada de las inversiones e iniciativas en la Costa Verde.

Frente a esta situación, es necesario pasar a un nuevo modelo organizacional que concentre en una sola autoridad la responsabilidad de lo que suceda en este espacio esencial para la capital. La Costa Verde debe ser un área con reglamentación especial bajo competencia de la Municipalidad de Lima que, mediante una instancia especializada, ejerza de manera unitaria y homogénea facultades planificadoras y fiscalizadoras en toda la Costa Verde. Para eso, la decisión de 1994 de fragmentarla en distritos debe ser revertida.

Es cierto que la existencia de una sola autoridad no es certeza de una mejor administración, pero sin duda facilita que la aproximación al desafío sea integral y que exista un responsable con competencias y algo más de presupuesto para reorientar el destino de la Costa Verde. En todo caso, pase lo que pase con su administración, los ciudadanos no dejarán nunca de tener el rol activo y comprometido que logró proteger la playa Los Yuyos.

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