Cuando un privado accede a pagar un soborno –o lo promueve– normalmente lo hace a partir de un análisis costo-beneficio. Piensa que el monto pagado se justifica pues logrará su objetivo comercial y, por ende, obtendrá un beneficio económico que de otra manera no hubiera podido garantizar o hubiera perdido si un competidor lo adelanta en la transa. Este razonamiento de corto plazo o “presentista” pierde la perspectiva del problema.
La corrupción tiene consecuencias materiales e inmateriales. Las primeras son más o menos obvias y fáciles de medir. En el ámbito de proyectos de inversión o licitaciones de bienes, obras o servicios, un soborno implica un “costo” económico para el pagador, aunque este será relativo o diluido en una ganancia mayor. Y es precisamente esa ganancia la que a su vez generará un costo económico para el Estado o la entidad pública. Para compensar el “gasto” del pagador, es usual que se sobrevaloren los bienes, las obras o los servicios, de tal forma que se le asegure un retorno. Del chancho salen las correas.
Es común en estos tiempos encontrarnos con cifras que grafican el costo material de la corrupción. Se puede medir en un porcentaje del PBI, en cantidades líquidas, en cifras per cápita e incluso en relación con la pérdida de infraestructura, servicios básicos, pobreza e inequidad. Por ejemplo, se ha afirmado que la paralización del gasoducto del sur, producto de la corrupción, implicará este año la pérdida del 1% del PBI nacional, lo que equivale a US$2.000 millones.
Pero existen también consecuencias inmateriales de la corrupción. Estas tienen que ver con el daño institucional que debilita y convierte en inoperativas a las entidades públicas, la pérdida de la confianza pública (en las autoridades y entre los ciudadanos), el relajamiento cultural que “normaliza” la corrupción y la falta de gobernabilidad.
Si bien el costo material de la corrupción es abrumador (las mediciones oscilan entre uno y tres trillones de dólares al año), probablemente los efectos sociales y de largo plazo de los costos inmateriales sean mucho más perniciosos.
Pensemos en Haití, por años el país de la región con peor desempeño en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional. Desde la época de la dictadura corrupta de los Duvalier, las instituciones se volvieron totalmente inoperativas, al punto que convirtieron el país en un Estado fallido.
Un costo inmaterial de la corrupción entre nosotros, tan evidente en estos días de agitación que nos han traído las revelaciones del Caso Lava Jato, es la pérdida absoluta de la confianza en las autoridades. Este fenómeno, que fue muy visible después de las revelaciones fílmicas sobre la corrupción fujimorista, hoy se ha tornado en una crisis de legitimidad de toda la clase política, la que mantiene al país en un estado de zozobra e incertidumbre. Peor aun, la sospecha se ha generalizado al punto que no existe líder de opinión, dirigente social o analista que no sea rápidamente deslegitimado acusado de obedecer a algún oscuro interés de la corrupción. Esta sensación de que todos somos igual de corruptos contribuye a la desesperanza y debilita el tejido social.
En el ámbito empresarial existe, sin embargo, lo que podríamos llamar un costo “mixto” de la corrupción. Es el llamado costo reputacional. Este tiene un lado inmaterial que consiste en la pérdida de la buena imagen, el prestigio, la confianza pública o del mercado, y otro claramente material, que se traduce en la pérdida del valor económico de la empresa.
En días recientes hemos visto cómo una empresa de primer nivel, al verse envuelta en un escándalo de corrupción, perdió el 65% de su valor en el mercado (de US$1.100 millones a US$440 millones), lo que obligó a la renuncia de su directorio y a reuniones de emergencia de otros actores económicos para mitigar el daño patrimonial causado por la corrupción.
Si los pagadores de sobornos fueran conscientes del efecto inmaterial o mixto que les puede acarrear su afán por la ganancia de corto plazo, probablemente lo pensarían dos veces. No en vano se dice que construir una buena reputación cuesta una vida y perderla, unos minutos.
