Cuando se analizan acciones de criminalidad violenta como la de Pataz o aquellas infligidas en casos vinculados a trata, narcotráfico, extorsión o sicariato, es necesario centrar la atención no solo en el acto delictivo aislado, en las víctimas y en cómo se produjo la acción señalada, sino también en la cadena productiva y en las relaciones de poder social y político que están detrás. Esta es una forma de aproximarse al análisis del problema, pero también de atacarlo.
Está claro que los protagonistas de los negocios ilegales articulan los eslabones de la cadena productiva, y que se organizan en torno a múltiples redes de poder que a menudo involucran a los poderes locales. Las cadenas productivas del poder ilegal relacionadas con el oro incluyen control parcial de territorios, extracción, circulación y “blanqueo” de la mercadería ilegal, y posterior exportación. Se trata, sobre todo, de estructuras bastante horizontales y deslocalizadas que negocian, disputan y pactan entre ellas, sin mandos únicos verticales. También por eso es difícil derrotarlas. La policía puede capturar a mineros ilegales, pero el resto de la cadena se mantendrá viva, intacta o casi, y el organismo delictivo sustituirá rápidamente a los capturados.
Es imperioso, entonces, que se asuma una estrategia que responda a las complejidades. Jaime de Althaus ha comentado el anuncio del Gobierno de que impondrá una presencia multiinstitucional del Estado en Pataz para atacar las diversas etapas de la cadena productiva de la minería ilegal (El Comercio, 24/5/25). Hace falta que se explique en detalle esta nueva estrategia.
A propósito de los requerimientos actuales, en una reciente conferencia organizada por la Fundación Francisco Durand (21/5/2025), Dante Vera, analista del sector minero, trazó un camino posible y oportuno: “[en Pataz] estamos ante una estructura de criminalidad organizada que busca controlar toda la cadena del oro, desplazando a empresas, MAPE [grupos de minería artesanal de pequeña escala], Estado y comunidad. Pero no todos los MAPE son parte de esta red. Muchos pueden ser parte de la solución si los separamos de la criminalidad y se los incluye en una estrategia territorial”.
Siguiendo ese camino, la estrategia tendría que apuntar a desmantelar las cadenas productivas. Se requieren, claro, trabajo de inteligencia y contrainteligencia, información de alta calidad, distinguir con precisión a los actores involucrados y sus intereses –como plantea Vera–, proponer estrategias concertadas de desarrollo local y promover liderazgos institucionales ejemplares.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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