¿Cuántos Juanjos estamos dispuestos a aceptar?

Hace unos días se hicieron públicos nuevos audios atribuidos al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. A través de estos, se le oye decir que estaría negociando con integrantes del TC para lograr que fallen a favor de quien sería su cliente. A su interlocutor le confirma, además, que ya tiene el apoyo de dos de los miembros del TC. En otro audio, la misma voz pide US$20.000 para supuestas coimas. Es importante señalar que El Comercio accedió a los recibos bancarios que demostrarían que Santiváñez recibió este dinero.

Hasta ahí, uno esperaría que la presidenta Boluarte le hubiese pedido a Santiváñez su renuncia inmediata. Uno creería que la sociedad civil se habría levantado, los ciudadanos habrían tomado las calles y que los líderes empresariales estarían indignados. Pero nada de esto ha ocurrido. Y es que esta no es la primera vez que se hacen públicos audios atribuidos a Santiváñez, quien, además, ya había sido ministro y fue censurado por el Congreso por su incapacidad para enfrentar la inseguridad ciudadana. Luego, la presidenta lo designó jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial (puesto que aún no sabemos por qué ni para qué existe). Y, finalmente, regresó al Gabinete, pese a ser investigado por corrupción, tráfico de influencias, por supuestamente haber ayudado a Cerrón a escapar de la justicia y por sus vínculos con Nicanor Boluarte, sin que a nadie se le levantase ni una ceja.

Es que los peruanos nos hemos acostumbrado de tal manera a la corrupción que ya nada nos escandaliza y seguimos imperturbables, como si no se tratara del ministro de Justicia, quien es, entre otras cosas, el encargado de impulsar la transparencia y la lucha contra la corrupción.

El problema es que no es un caso aislado. Santiváñez es uno de miles de funcionarios que utilizan el poder para beneficio personal sin que los peruanos estemos haciendo nada para detenerlos. Personajes que actúan impunemente a vista y paciencia de todos.

El Perú tiene muchos problemas que demandan atención con urgencia, pero el principal de todos es el ejercicio del poder. Al habernos alejado de la política y haber permitido, con nuestras acciones o silencios, que la corrupción se convierta en un sistema válido para operar, el poder ha sido tomado por personas que no están interesadas en impulsar el desarrollo del país, sino en enriquecerse indebidamente. Esto ha mermado la confianza de los ciudadanos en un Perú viable. Pero, además, aunque no lo queramos ver aún, estos intereses ilegales, corruptos y mercantilistas debilitan el entorno de inversión.

Las elecciones del 2026 representan muchos retos para nuestro país y podrían ser un punto de inflexión. Tenemos mucho que perder y poco tiempo para actuar. La corrupción, el crimen organizado y las economías ilegales, con recursos ilimitados, fuera del sistema financiero y operando sin que nadie los detenga, no solo pueden comprar autoridades, sino que pueden hacerse elegir. Distintos analistas políticos han calculado que las economías ilegales podrían llevar al menos 16 representantes al Senado.

La batalla que debemos enfrentar en el Perú no es cultural entre conservadores y progresistas. La batalla es contra la corrupción, las economías ilegales y el crimen organizado. La batalla es contra personajes como Santiváñez y los intereses ilegales que defiende, que tanto daño le están haciendo al país, encumbrados en ministerios, sin que nadie diga nada.