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La receta de Fujimori, por Federico Salazar

Hoy mucha gente quisiera que los congresistas se vayan a sus casas. ¿Basta eso para que el gobierno fuerce las cosas y haga maromas para imponer su voluntad por sobre lo que manda la Constitución?

Federico Salazar Periodista

Cuestión de Confianza

La CCL se pronunció sobre la cuestión de confianza que planteó el presidente Martín Vizcarra al Congreso. (Foto: GEC)

Aunque tiene iniciativa para la reforma constitucional, el presidente de la República no hace la Constitución ni la reforma (Const., art. 206).

El presidente Vizcarra, sin embargo, quiere ejercer un poder “constituyente” que no tiene. Quiere tener el poder de hacer una reforma constitucional según sus criterios, medidas y plazos.

El jefe del Gabinete lo ha adelantado. Lo ha dicho en su solicitud del voto de confianza.

Propondremos, advierte el ministro Del Solar, “que el plazo máximo para la aprobación de estas iniciativas legislativas venza al finalizar la presente legislatura, lapso en el cual también deben ser aprobados, en primera votación, los proyectos de ley de reforma constitucional mencionados”.

“Si ese plazo es excedido”, concluye el ministro Del Solar, “valoraremos que la confianza nos ha sido rehusada”.

La “confianza” es una expresión de aceptación de parte del Congreso de las personas y los lineamientos de gestión de los ministros o del Consejo de Ministros. No es un cheque en blanco sobre todas las acciones y lineamientos de gobierno.

El ministro dimite cuando se desaprueba una iniciativa ministerial de la que ha hecho cuestión de confianza (art. 132). Iniciativa ministerial, sin embargo, no es iniciativa constituyente (o sea, de creación o cambio de la Constitución).

Se trata de dar formalidad a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo (relación “fiduciaria”, dicen los expertos). No se trata, pues, de transferir al Ejecutivo el poder de crear instituciones de rango constitucional.

La cuestión de confianza se refiere a políticas o programas de gobierno o, eventualmente, a un proyecto de ley que facilite o evite la obstrucción a la acción de gobierno. Lo que pide este gobierno, sin embargo, es voto de confianza para reformas constitucionales.

Los gobiernos no pueden proponer leyes írritas con cuestión de confianza de por medio y, por esta vía, amenazar con la disolución del Congreso.

Imaginemos un gobierno que proponga quitar el derecho al sufragio a los adultos mayores, y pida el respaldo. Tendría que rechazarse la confianza. Supongamos un Gabinete sucesivo, que proponga establecer la mayoría de edad en 28 años. Se le tendría que quitar la confianza, también. El presidente, por esta vía, podría disolver el Congreso.

No se puede hacer eso. No solo porque son iniciativas absurdas, sino, sobre todo, porque no se puede usar el instituto de la confianza para disfrazar un chantaje sobre algo que no es política de gobierno.

Las iniciativas de reforma de este gobierno no son írritas. El principio constitucional, sin embargo, no es distinto: la cuestión de confianza no es una espada de Damocles para adquirir el poder de legislar constitucionalmente.

En general, la Constitución debe cambiar después de un amplio debate de la sociedad civil. Las iniciativas de reforma constitucional no deben venir de la iluminación de ningún ser providencial, sino del cambio que se da en la realidad de la gente.

El legislador debe ser un intérprete de la gente y de las normas que ella respeta. No puede ser un diseñador del orden social.

El gobierno quiere que se aprueben reformas constitucionales que encargó a una comisión. Quiere forzar al Congreso, por tanto, a dotar a esa comisión de un poder constituyente.

¡Pero este Congreso!, dirá el observador imparcial. ¡Cómo dejar en sus manos la reforma de las instituciones que él mismo ha vulnerado tantas veces!

Lamentablemente, no queda otro camino. Lamentablemente, la mayoría eligió a este Congreso. Le dio un mandato de cinco años.

Las condiciones políticas han cambiado, pero no podemos patear el tablero. Tenemos que hacer los cambios sin romper el hilo constitucional.

No podemos usar figuras para, en realidad, quebrar la Constitución. Alberto Fujimori, en 1992, tuvo al frente a un Congreso obstruccionista. Cuando lo cerró, obtuvo más del 80% de aprobación de los encuestados.

Hoy mucha gente quisiera que los congresistas se vayan a sus casas. ¿Basta eso para que el gobierno fuerce las cosas y haga maromas para imponer su voluntad por sobre lo que manda la Constitución?

El gobierno quiere derrotar al fujimorismo. Ojalá no lo haga invocando la receta de Alberto Fujimori de 1992.

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