La alianza Venceremos sacó 0,841% en las elecciones presidenciales de abril y perderá su inscripción en enero del 2027. Las regionales son el 4 de octubre: es la última elección que puede correr inscrita. Esa es la ventana. Por eso sembró fórmulas en varias regiones del país y puso a su figura más conocida, Verónika Mendoza, a disputar el Gobierno Regional de Cusco. No es un repliegue a la política local: es una plataforma subnacional para volver a lo nacional.
El problema es con qué la construye. Uno de los pilares de su discurso es la lucha contra la violencia familiar, y prometió que ningún sentenciado por ese motivo integraría sus listas. Dos de sus candidatos, Vladimir Aranya y Marco Antonio Bejar, cargan sentencias por violencia familiar. Lo que la diferenciaba terminó exponiéndola.
A eso se suma que en cada mitin repite que, del gas de Camisea, “para los pueblos del sur, nada”. Es falso. En 25 años, Cusco ha recibido más de S/30.000 millones por canon gasífero, y unos S/12.000 millones siguen inmovilizados en obras paralizadas. Megantoni, el distrito con más canon, tiene S/705 millones parados, una vez y media su presupuesto anual; Echarati, otros S/615 millones. Denunciar que “no llega nada” vende más que explicar que llega plata como cancha gracias al sector privado, y que son las autoridades quienes no ejecutan lo que ya tienen. Pequeño detalle que Vero olvida para que su público la aplauda.
Donde sí tiene una propuesta concreta, su discurso también hace agua. En el debate regional afirmó que el gasoducto del sur tiene “un avance físico de cerca del 35%” y hay que “seguir exigiendo” que se concrete. El dato es real, pero está congelado ahí desde el 2017, cuando el contrato se resolvió tras el escándalo Odebrecht. No se detuvo por falta de voluntad: el Estado ya perdió un arbitraje en el Ciadi por US$302 millones y declaró en el 2025 que completarlo “no es posible”. Y la demanda nunca estuvo: como resume César Butrón, del COES, en el sur no la hubo “para otro fin que no sea la generación eléctrica”. Prometerlo es reciclar algo ya declarado inviable.
Cuando Camisea empezó a operar, el gas llegó a Lima por tubería en menos de un año; hoy Cálidda tiene 19.000 kilómetros de redes y más de dos millones de conexiones. En el Cusco, donde ese gas se extrae, la primera conexión domiciliaria llegó recién en enero del 2026, y no por ducto, sino en camiones, regasificada en San Jerónimo: una planta para apenas mil viviendas.
Esa desigualdad es real, y tiene dos salidas ya formuladas. La adenda de Cálidda, que el Minem espera firmar en octubre, llevaría redes al Cusco con tarifa de Lima y sin un sol del Tesoro Público, aunque también con camiones desde Pisco. Y el gasoducto regional del Cusco, 314 kilómetros desde el ducto de TGP hasta Quillabamba, Anta y Cusco: tubería de verdad, pero aún en estudios de Pro Inversión. Una es rápida y limitada; la otra es lo que Lima tuvo hace veinte años, y nadie la exige.
Pero Mendoza, que quiere convertir al sur en su plataforma, prefiere dorarles la píldora a los cusqueños con un megaproyecto muerto, antes que empujar cualquiera de las dos opciones viables. Vero promete lo que no se cumple ni puede cumplir. Lo hizo con los sentenciados por violencia familiar, y lo hace con el gas que debe llegar al sur.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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