Crimen sin castigo

A un enemigo no se le puede combatir a oscuras. Por eso es tan importante el informe publicado por este Diario la semana pasada que cuantifica el impacto económico de la inseguridad ciudadana en nuestro país (““La inseguridad ciudadana avanza, ¿cuál es su impacto en la economía?”). Ponerle cifras al mayor problema que afecta al Perú hoy permite no solo dimensionarlo, sino también plantear soluciones.

Según el informe, un análisis del Consejo Privado de Competitividad (CPC) elaborado con base en información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) concluye que entre el 2022 y el 2024 el Perú registró un aumento del 225% en los casos de robo a negocios. Además, que las víctimas por secuestros y extorsión se elevaron en un 50%, lo que equivale a 21.708 personas más afectadas por estos delitos, solo considerando aquellas que los denuncian. El costo económico asociado a la extorsión y el cobro de cupos representa el 2,8% del PBI nacional, equivalente a S/30.000 millones anuales.

Además, el informe toma cifras del Instituto Peruano de Economía (IPE) que señalan que, para protegerse contra la inseguridad, los comercios destinan el 3,1% de sus ventas anuales, las empresas de transportes el 9,6% y las de construcción el 4,3%. Sobre el emporio comercial de Gamarra precisa que las bandas extorsivas han lotizado las calles para cobrar cupos a los ambulantes. La “cuota de ingreso” que debe pagar un ambulante para que le permitan vender en la calle es de S/10.000, a lo que se suman cupos diarios de S/10 hasta S/100, dependiendo de la ubicación. Mientras, los comerciantes del Mega Centro de Mesa Redonda son extorsionados por el Tren de Aragua y el crimen organizado.

Sabemos que la minería ilegal y el narcotráfico se extienden por todo el país sin que las autoridades planteen medidas efectivas para combatirlos. El informe cita a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) para estimar los costos de estos delitos: la minería ilegal mueve US$6.000 millones al año; y el narcotráfico, US$8.500 millones. Son bandas de crimen organizado que impactan directamente en la inseguridad ciudadana y penetran todas las esferas del poder.

Si algo le corresponde al Estado, es brindarles seguridad a sus ciudadanos. A los paros convocados por gremios de transportistas exigiendo protección frente a los extorsionadores se han sumado otros sectores de la sociedad afectados por esta lacra. ¿Qué esperan para reaccionar las autoridades de todos los niveles de gobierno y de los distintos poderes del Estado? Criminalizan la protesta, deciden hacer oídos sordos a los reclamos de una urgencia pasmosa. La única explicación lógica para que, en lugar de combatir el crimen organizado, aprueben leyes que lo incentivan es que son parte del problema y no de la solución.

Si bien el Gobierno ha incrementado el presupuesto destinado a orden interno en un 9% respecto al 2019, el problema es de ausencia de voluntad política, corrupción sistémica y pésima gestión de esos recursos. Medidas efectistas como obligar a los hoteles y arrendadores a pedir documentos migratorios a quienes ahí se hospedan o declarar estados de emergencia no sacarán al país de esta compleja situación.

Se requiere una estrategia transversal formulada sobre la base de evidencia y que incluya componentes de prevención del delito, fortalecer las instituciones de seguridad, reforzar el sistema de justicia, hacer un uso eficiente de la inteligencia y la tecnología para prevenir y sancionar delitos, involucrar a la ciudadanía en comités de vigilancia, mejorar el sistema carcelario para ofrecer programas de rehabilitación y facilitar su reinserción social y, muy especialmente, mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y cooperación con fuerzas de seguridad de otros países para combatir delitos como el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas.