En demanda de una explicación, por César Azabache Caracciolo

Fue una pésima idea haber dejado en la bruma las investigaciones sobre los depósitos hechos en cuentas de Nadine Heredia a mediados del 2009. La filtración, por cierto, creó una situación institucionalmente incómoda, porque en nuestro medio la revelación de información bancaria está prohibida. Pero los hechos posteriores demuestran que habría sido más útil explicar desde el principio cómo se organizan los ingresos de la señora Heredia antes que dejar que el asunto se sedimentara en el ideario colectivo como una cuestión pendiente, no resuelta o sospechosa.

Los ingresos y el comportamiento financiero de los personajes de la política es un asunto demasiado sensible para tratarlo con evasivas. La manera más clara de demostrar inocencia en estos temas consiste en tomar el toro por las astas y probar la transparencia del comportamiento propio. 

Aunque las leyes aseguren que debe presumirse la inocencia de todos, quienes se colocan a sí mismos en la agenda pública asumen un nivel de exposición que les debe hacer sentir obligados, moral e institucionalmente, a cumplir con un estándar de transparencia y claridad mayor al que corresponde a cualquier ciudadano promedio. Necesitamos una explicación muy honesta y detallada sobre el modo en que se organizan los ingresos y los gastos de la primera dama antes que este asunto multiplique el nivel de impudicia y mal gusto que está adoptando.

Si fuera cierto (lo he sostenido antes) que la presidenta del humalismo ha recibido permanentemente fondos donados por terceros para sostenerse, entonces lo que tendríamos no sería un caso por lavado de activos sino un caso de financiamiento político encubierto. Por cierto, si esos terceros registran sus donaciones como si fueran gastos en negocios y la señora Heredia consiente en eso, o si los ingresos no son declarados y son encubiertos de alguna forma, entonces tendríamos un caso de defraudación tributaria. Aunque aparentemente no ha quedado aún suficientemente claro entre nosotros, lavar activos es algo bastante más complejo que no declarar ingresos. Lavar activos supone un punto de contacto consciente con una mafia en operación o con los frutos de un crimen evidente; supone prestar un servicio casi profesional o “ponerse a disposición” para colar en el mercado fondos de origen criminal. Los casos por lavado de activos son formas de cooperación criminal. Los de defraudación tributaria (con ser graves) significan algo completamente distinto.

La bruma, sin embargo, ha poblado esta historia de sospechas que se han vuelto serias aunque no estén confirmadas. Las dudas han cogido la forma de indagaciones sobre el sentido real y la extensión del negocio de Martín Belaunde Lossio (¿era él quien daba cierta uniformidad a los patrones de corrupción detectados en gobiernos regionales distantes entre sí?) y a sus relaciones con Palacio de Gobierno (¿tuvo apoyo o no de Palacio?, ¿compartió sus ganancias o no con Palacio?). Preguntas así de serias requieren respuestas concluyentes confirmadas institucionalmente. 

Me gustaría decir que para hacerlas se requiere, además, evidencias (aún inexistentes) que las justifiquen, pero ya es tarde para eso. En situaciones de este tipo la multiplicación de los errores políticos en el manejo de las cosas justifica la demanda de explicaciones muy claras que en situaciones equilibradas serían, por cierto, innecesarias.