El “anticaviarismo” como categoría política (2)

La semana pasada comentaba sobre el “anticaviarismo” como categoría de análisis, a pesar de que el término “caviar” es utilizado en nuestro debate local con un sentido peyorativo y de manera tremendamente imprecisa. Esto porque el “anticaviarismo” resulta útil para explicar la inesperada convergencia, en un contexto de polarización, de sectores radicales conservadores de derecha y de izquierda en el Congreso. Pero no se trata de una convergencia ideológica en torno de ciertos valores, lo que sería legítimo; lo preocupante es que se trata de una reacción, en buena medida, ante iniciativas de fortalecimiento institucional y de combate a la corrupción, en la que se mezclan intereses oscuros con críticas legítimas a los excesos de la administración de justicia.

Este sector aparecía a inicios de siglo reducido al “fujimontesinismo”, y el frente institucionalista y anticorrupción, por el contrario, amplio y convocante. Las cosas empezaron a cambiar hacia el 2011, cuando también sectores del saliente gobierno aprista empezaron a sentirse acosados por el sistema de justicia; además, sectores de derecha que respaldaron al gobierno de Alan García empezaron también a marcar distancia de las banderas institucionalistas. Más adelante, con las revelaciones del Caso Lava Jato y los ‘CNM audios’ en el 2016 y el 2017, que afectaron al conjunto de la élite política nacional y regional, tanto a la izquierda como a la derecha, así como a actores del sistema judicial (abogados y operadores del sistema), la animadversión frente al activismo judicial se hizo bastante extendida.

Es cierto que Martín Vizcarra levantó la bandera de la lucha contra la corrupción y la reforma institucional como mecanismo para construir legitimidad política (y antes que él lo hizo Alejandro Toledo) en un contexto en el que no contaba con ningún apoyo parlamentario propio y en el que el fujimorismo tenía el control total del Parlamento. Esto llevó inevitablemente a politizar estas banderas.

Además, sería justo reconocer que el sistema de justicia desarrolló líneas de investigación y acusaciones fiscales que suenan arbitrarias, y que se cometieron excesos como, por ejemplo, con el abuso de prisiones preventivas. Sin embargo, el “anticaviarismo” no propone mejorar y fortalecer el sistema anticorrupción, sino más bien desmantelarlo.

Pero el “anticaviarismo” tiene un espectro más amplio. Se suman a la crítica del sistema de justicia sectores involucrados desde hace varias décadas en denuncias por violación a los derechos humanos en los años del conflicto armado interno. Para algunos, la acción de la justicia tendría un sesgo contrario y un encono en contra de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales.

Resultaría entonces que las banderas de la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones no serían sino la fachada o el pretexto de la acción de sectores políticos específicos: viejos izquierdistas “reciclados” (“caviares”) que realizan acciones políticas a través del control institucional, logrando por este medio un poder y una influencia que no son capaces de ganar legítimamente en procesos electorales.

A partir de la construcción artificiosa de este “enemigo”, se extiende el razonamiento aún más, atribuyendo a este un carácter global, con lo que se construye una conspiración de la que serían parte todas las instituciones vinculadas a causas consideradas afines, relacionadas con agendas de protección y ampliación de derechos. La equidad de género, la defensa de la naturaleza, el reconocimiento de la diversidad sexual y de género, entre otros.

Así, se disfraza como lucha política contra un supuesto poderoso grupo de interés particular –por parte de las derechas e izquierdas conservadoras– lo que en realidad es la búsqueda del desmantelamiento del sistema de justicia y el retroceso en la causa de la defensa y ampliación de derechos.

Sectores democráticos, liberales y progresistas deberían converger en detener esta ofensiva. También sectores conservadores de derecha y de izquierda, capaces de entender que acá no están en juego valores, sino intereses muy pedestres. Si se cometieron errores y excesos se deben corregir, pero sin involucionar y perder mínimos democráticos en riesgo.