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El desempleo entra en campaña, por Alfredo Torres

Conceder beneficios tributarios para crear puestos de trabajo formales beneficiaría a miles de jóvenes y a la sociedad.

Alfredo Torres Analista político

El desempleo entra en campaña, por Alfredo Torres

El desempleo entra en campaña, por Alfredo Torres

La falta de trabajo tuvo un rol central en las campañas electorales del 2001 y 2006. Gracias a la inversión privada y el crecimiento económico, esta preocupación perdió importancia relativa en el 2011 y, aun hoy, las encuestas nos dicen que está bastante detrás de la inseguridad y la corrupción en la percepción de los principales problemas del país. Sin embargo, la desaceleración económica en curso volverá a poner en agenda el tema de la generación de empleo en el 2016, especialmente para el electorado más joven. 

A diferencia de lo que venía ocurriendo del 2004 al 2013, cuando el empleo crecía a 5% anual, la tasa es ahora de 1% y con tendencia declinante. Eso quiere decir que, de los 200 mil jóvenes que ingresan cada año al mercado laboral, muy pocos conseguirán un puesto de trabajo en una empresa formal. El resto tendrá que buscarse sus ingresos en la informalidad o pasará a engrosar el sector de los NI-NI (ni estudian, ni trabajan), en que es frecuente resbalar hacia la delincuencia.

La informalidad no es considerada por la opinión pública entre los diez principales problemas del país. Sin embargo, es muy perjudicial tanto para los trabajadores –que carecen de derechos laborales– como para el desarrollo nacional, ya que hace más competitivas a empresas poco productivas al reducirles sus costos tributarios y laborales. El propio Estado subsidia indirectamente a la informalidad al destinar recursos a programas sociales como el Sistema Integral de Salud o Pensión 65. Como sostiene Santiago Levy, del BID, la combinación de impuestos a la formalidad y subsidios a la informalidad es exactamente opuesta a lo que la región necesita.

Como se sabe, uno de los mayores frenos a la creación de empleos formales en el Perú es la rigidez laboral en materia de contratación y despidos. Para John Panzer, del Banco Mundial, “las normas restrictivas en cuanto a despidos desincentivan a los empleadores a contratar trabajadores nuevos. Esto promueve la informalidad y reduce la productividad”. Según el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, ocupamos el puesto 133 de 140 países del mundo en rigidez para la contratación y despido, y el último puesto entre los países del recién suscrito Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). Esto nos hace mucho menos atractivos para una industria manufacturera que, por ejemplo, la república socialista de Vietnam, puesto 44, donde hay mayor flexibilidad laboral que en el Perú.

Sería ingenuo exigirles a los candidatos presidenciales que aborden este sensible tema en sus campañas electorales, pero sí es razonable pedirles que se preparen seriamente para corregir esta distorsión que tanto daño hace al desarrollo económico del país en caso de ser elegidos. La reforma laboral tendría que hacerse en los primeros seis meses de gobierno –durante la luna de miel con el electorado y el período de gracia que suele conceder la oposición– para que pueda aprobarse sin mayor resistencia. Luego será mucho más difícil.

En cambio, sí cabe demandar a los candidatos propuestas imaginativas para la creación de puestos de trabajo formales y el fomento de la productividad. Por ejemplo, se podrían ampliar los beneficios tributarios a la capacitación. Actualmente, solo pueden acceder a estos beneficios, con topes y restricciones, pequeñas y medianas empresas manufactureras que representan 1% de la PEA. Tendría un gran impacto positivo en el incremento de la productividad ampliar estos beneficios al conjunto de la PEA formal.

Pero lo realmente audaz sería dar incentivos tributarios a la formalización. Por ejemplo, si las empresas pudiesen descontar de su Impuesto a la Renta un monto mayor al costo directo de cada puesto de trabajo, de manera que sea el fisco y no la empresa el que pague los sobrecostos laborales, habría un incentivo a las empresas formales para contratar personal y a las empresas informales a formalizarse. La cifra para el descuento podría ser 1.500 soles. Más del 90% de los trabajadores informales ganan por debajo de esa cifra. Cálculos preliminares efectuados en Apoyo Consultoría estiman que el costo fiscal de una medida así sería menor a 1% del presupuesto público.

Conceder beneficios tributarios para crear puestos de trabajo formales no solo beneficiaría a decenas de miles de jóvenes que hoy son empujados hacia la informalidad, sino que también beneficiaría a la sociedad en su conjunto al tener que destinar menos recursos futuros a atender la salud y la ancianidad de peruanos cuya vida productiva se desarrollaría, sin incentivos como estos, en la precaria informalidad que hoy abarca a 70% de los peruanos.

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