La presentación de Alberto Otárola ante la Comisión de Fiscalización, el martes 3 de diciembre, en la que confirmó que la presidenta Dina Boluarte se sometió a una operación a mediados del 2023, podría marcar el inicio del final prematuro del Gobierno. Como se sabe, ese desenlace se hace más probable conforme se acerca abril del 2025, el plazo fijado para la convocatoria a los comicios generales del 2026.
La presidenta insiste en que completará su mandato cumpliendo los plazos constitucionales hasta julio del 2026. En ese sentido, ayer, en una actividad oficial, la jefa del Estado dijo que dejará el cargo “por la puerta grande de Palacio de Gobierno”. No obstante, la precariedad en la que se mueve podría precipitar tal final.
La vacancia, como se sabe, fue concebida como una válvula de escape en la Constitución de 1993, una suerte de botón rojo. De hecho, en situaciones como la ocurrida en noviembre del 2000 (la renuncia remota de Alberto Fujimori, quien meses antes había convocado comicios anticipados), sirvió para canalizar la transición.
Pero, desde el 2016, ha sido empleada de manera indiscriminada y, en muchos casos, irresponsable. Así, la figura ha estado presente en tres de las cuatro caídas presidenciales que ha afrontado el país desde entonces. Pedro Pablo Kuczynski renunció cuando estaba por enfrentar un segundo intento de vacancia por parte de un Congreso dominado por Fuerza Popular. Tres meses antes, se había salvado sorpresivamente del primer lance.
Vizcarra, entre tanto, fue vacado en noviembre del 2020 por un Congreso en el que no tenía un solo escaño, siete meses después de que se iniciara el escándalo de Richard Swing y a pesar de su alta popularidad (54% al cierre de su mandato).
El mismo Congreso que lo vacó aceptó, solo una semana después, la renuncia de Manuel Merino, tras el mayor estallido social del que se tenga registro(ni siquiera la publicitada Marcha de los Cuatro Suyos –julio del 2000–, impidió que Fujimori iniciara su tercer e ilegal mandato).
Recientemente, en diciembre del 2022, Pedro Castillo fue vacado luego de dar un fallido golpe de Estado. Esto marcó el inicio de la administración Boluarte, que, en pocos días, cumple dos años.
Desde el inicio de su mandato, Boluarte ha enfrentado mociones de vacancia, ocho en total, aunque ninguna ha prosperado. La primera fue en enero del 2023; las más recientes (tres presentadas el mismo día), en mayo de este año. Evidentemente, ha favorecido su permanencia el pacto tácito con el liderazgo congresal.
Pero tal situación bien podría comenzar a cambiar. Tras la presentación de Otárola, ha empezado a hablarse de una probable infracción constitucional, al no haberse informado al Congreso de una eventual ausencia. Cuando el río suena…
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