Para nadie es novedad que el Congreso está haciendo lo que quiere en favor de mineros ilegales, profesores que no han pasado evaluaciones y, recientemente, en favor del propio crimen organizado. Han llegado a tal punto de que la mejor decisión –para la ciudadanía y para la misma Boluarte– es que esta última haga cuestión de confianza.
La dependencia actual que tiene Boluarte frente al Congreso se deriva de que no tiene bancada que la proteja de una vacancia y de su deseo de permanecer en el poder hasta el 2026; un deseo que se relaciona con las mieles del poder y con la protección que le da el cargo para no ser acusada por la fiscalía por distintos hechos que pueden configurar delitos.
El Congreso, sin embargo, también depende de Boluarte. Hasta julio del 2025, ella puede cerrar el Congreso tras dos denegaciones de cuestiones de confianza. Y si lo hiciere, el artículo 134 de la Constitución es claro en señalar que solo debe convocarse elecciones congresales.
El Congreso, por su lado, tiene altos incentivos para vacar a Boluarte y así posicionarse lo más pronto posible como antagonista del Gobierno. Una reciente encuesta de Ipsos muestra que más del 40% de la población percibe que Keiko Fujimori (49%), César Acuña (48%) y Rafael López Aliaga (40%) son aliados del Gobierno.
Ahora, el artículo 115 de la Constitución, al regular la vacancia, no especifica que las elecciones deban ser solo presidenciales. Pero esto es algo argumentable, sobre todo si consideramos que el artículo 134 indica que la única manera de terminar anticipadamente el mandato congresal es mediante la denegación de dos cuestiones de confianza (y que esto no cabe en el último año). Una interpretación que probablemente apoyaría el actual Tribunal Constitucional.
Incluso, considerando que la convocatoria a elecciones toma 270 días, según la Ley Orgánica de Elecciones, podría argumentarse que una vacancia ocurrida después de octubre del 2024 conllevaría solo elecciones presidenciales. En resumen, a partir de julio del 2025, o incluso octubre del 2024, Boluarte se convertirá en prescindible para el Congreso, y este podría tomar la decisión de vacarla para posicionarse como antagonista de aquella. Y, si la vacan, Boluarte quedará expuesta a las acusaciones fiscales.
Sin embargo, si Boluarte decidiera enfrentarse al Congreso mediante cuestiones de confianza, lo pondría contra las cuerdas y ganaría un capital político valioso, como lo hizo Vizcarra, incluso para negociar un eventual asilo.
En este contexto, el reciente proyecto de ley 5981 ofrece la excusa perfecta a Boluarte para jugar la primera cuestión de confianza, desde que exige que en las investigaciones preliminares solo pueda allanarse un inmueble “con presencia del interesado y de su abogado”. En otras palabras, para allanar un lugar donde presuntamente hay pruebas relevantes de los criminales se le tendrá que avisar al interesado y haber un abogado, algo así como “te notifico que mañana a las 4:00 a.m. te allanaré para que estés preparado y limpies todo”, algo a todas luces inconstitucional y absurdo.
En el 2021, se cambiaron las reglas de la cuestión de confianza para evitar que el Poder Ejecutivo pudiera atribuirse poder sobre aspectos de competencia del Legislativo. Pero esa norma autoriza al Ejecutivo a hacer cuestión de confianza en materias directamente relacionadas con la concreción de una política general de gobierno, como ocurre con el cómo debe velarse por la seguridad ciudadana.
Señora presidenta, los ciudadanos estamos hasta la coronilla de la inseguridad ciudadana. Haga cuestión de confianza sobre esta norma, aprobada con tan solo 43 votos de 130, es una ruta mucho más racional que esperar a convertirse en prescindible. Tendrá apoyo popular y ganará espacio de negociación política.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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