Un joven fue baleado el viernes pasado por sicarios en motocicleta. El sangriento ataque no se ejecutó en medio de la noche o en alguna calle solitaria y sin resguardo. Fue a plena luz del día y a la vista de decenas de personas que se encontraban en la estación La Cultura del metro de Lima. Los minutos de pánico que vivieron los testigos se han convertido, lamentablemente, en la estampa cotidiana del Perú de hoy.
El horror ha tomado el poder y la violencia gobierna nuestras calles. La delincuencia nos tiene cercados. Nos extorsionan, asaltan y asesinan con espantosa regularidad. La muerte empieza a ser parte del paisaje de la ciudad.
Salir de casa es una actividad de riesgo. No podemos viajar tranquilos en el transporte público sin temer que quizás el chofer que nos lleva a nuestro destino esté siendo extorsionado por bandas de asesinos. No podemos comer en un restaurante sin dejar de pensar que en cualquier momento un sicario puede aparecer por la puerta. Sentimos preocupación por nuestros hijos, pues ahora también los colegios son objeto de los chantajes de la delincuencia. El miedo, la incertidumbre, el andar intranquilo y a la defensiva por las calles son reminiscencias de los 80 que creíamos olvidadas o al menos superadas.
En medio de este panorama, la inacción parece ser la divisa de nuestras autoridades. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, atornillado en el cargo gracias al aval de la presidenta Dina Boluarte, ha demostrado ser bastante competente, pero no en lo relacionado a sus funciones, sino en evadir los requerimientos de la fiscalía que lo investiga.
En otros tiempos, cuando la política se regía por ciertos códigos, los ministros del Interior eran los funcionarios más inestables de un gobierno. No necesariamente porque fueran ineptos, sino porque asumían sus responsabilidades políticas o porque el Congreso ejercía su labor de control. Hoy, paradoja de nuestros días, en una época de desborde criminal, la estabilidad laboral ha llegado al Mininter y el Congreso mira hacia el costado.
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