¿ Fiscales malos vs. policías buenos?

¡A otro con ese cuento!

Me consta que hay muy buenos policías de investigación e incapaces de corromperse. Pero hay también muchísimos otros que verán en esto una nueva oportunidad de negocios, como ya ocurrió con demasiada frecuencia en un pasado que quieren idealizar.

Es verdad que hay fiscales que abusan de su poder y le buscan cinco pies al gato para conseguir condenas que adornen su currículum. También fiscales de la Nación que vendieron su alma al poder político de turno. Pero, a la vez, hay también muchos que realizan sus investigaciones con gran profesionalismo, autonomía y en armonía con la PNP.

No me queda duda de que hay mucho que reformar en ambas instituciones, así como en el Poder Judicial y en el Instituto Nacional Penitenciario. Pero ello no se puede hacer violando la autonomía constitucional del Ministerio Público para favorecer intereses oscuros. Peor aún, cuando ya algunos de los más termocéfalos están planteando crear una comisión para fiscalizar la actuación de jueces y fiscales.

Los promotores de la iniciativa tuvieron el descaro de sostener que la norma no iba contra la Constitución, porque en el artículo 166 se señala entre las finalidades de la Policía Nacional del Perú que esta “previene, investiga y combate la delincuencia”. Claro que tienen que investigar. Eso no está en discusión.

El punto es otro y está clarísimo en el artículo 159, que desarrolla las atribuciones del Ministerio Público y cuyo inciso 4 dice: “Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función”. El nuevo Código Procesal Penal solo recoge lo que la Constitución establece.

Habría sido escandaloso cambiar la Constitución para este propósito, pero por lo menos las formas se habrían cumplido. Lo han hecho al caballazo, porque no están dispuestos a esperar y, menos aún, arriesgarse a no conseguir los 87 votos.

Nos quieren hacer creer que la PNP puede ser garantía de las investigaciones en casos en los que el poder político está involucrado. Lo sostienen sin ruborizarse miembros de un Congreso cuya “bancada” más grande es por lejos la de los investigados por la fiscalía por corrupción.

El caso de Vladimir Cerrón es el mejor ejemplo reciente de la interferencia del poder en las investigaciones policiales. Una voz de alguien que insiste en que no es la suya le reveló a su entonces amigo que no fue casualidad que el “cofre presidencial” estuviese en el sur, justo donde se realizaba un operativo enorme para capturar a Cerrón. Habiéndose filtrado la noticia, llevaron a tiempo al prófugo a un lugar seguro y en un vehículo que ningún policía se atrevería a intervenir.

¿Y lo de Huancayo? Inteligencia policial había determinado la casa en la que se hallaba el prófugo. El ministro sostuvo que la nueva fuga se debió a que un fiscal se demoró en autorizar el allanamiento. Aun si esto hubiese cierto, y no lo fue, bastaba con montar una vigilancia eficaz alrededor del lugar para evitar la fuga, y no se hizo.

La nueva legislación le viene de perilla a la jefa suprema de la policía, investigada por varias y buenas razones por la fiscalía. No se diga nada del ministro Santiváñez, que ha estado preparando el ambiente para esta norma, denunciando a los fiscales como los culpables del incremento del crimen.

El ministro del Interior y el comandante general de la policía, que ya enfrentan denuncias de la fiscalía por obstrucción de la justicia, ¿mantendrán la neutralidad frente a sus subordinados a cargo de investigarlos?

¿Son Boluarte y Santiváñez quienes van a garantizar que la policía haga investigaciones técnicas y sin influencia de actores externos?