Esta es la conclusión a la que llega la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esta ha decidido no continuar con la denuncia constitucional presentada por el ex fiscal de la Nación Juan Carlos Villena.

El informe de esta subcomisión recomienda, además, evaluar si el exfiscal infringió la Constitución “con fines políticos”. Este grupo parlamentario no solo no quiere fiscalizar, sino que quiere perseguir a quien fiscaliza.

La subcomisión se basa en el artículo 117 de la Constitución. El presidente solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso o impedir su funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos electorales.

El Caso Rolex se refiere al delito de cohecho pasivo impropio. Este se da cuando un funcionario acepta un donativo indebido para hacer un acto propio de su cargo.

Boluarte recibió relojes, pulsera y aretes con brillantes por decenas de miles de dólares. A cambio, facilitó un presupuesto de S/100 millones para el Gobierno Regional de Ayacucho, presidido por su benefactor, Wilfredo Oscorima.

El artículo 117 impide que se acuse a la presidenta ante sede judicial. No implica, sin embargo, que se la pueda investigar hasta llegar a la etapa de acusación.

La Comisión Permanente, de hecho, puede acusar a la presidenta y a otras autoridades “por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones” (art. 99).

Lo que ha hecho la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es proteger a Dina Boluarte y sus relojes. La alianza del gobierno con los grupos parlamentarios involucrados incluye la pretensión de perseguir al ex fiscal de la Nación. Como quien dice: “fiscal que osa presentar una denuncia constitucional será investigado y perseguido”.

No solo el fujimorismo es responsable. También votó por el archivo Jorge Montoya, del grupo Honor y Democracia. Además, cuatro representantes del fujimorismo, una de APP y dos de Acción Popular. Completaron el grupo de “archivistas” Segundo Quiroz (Bloque Democrático) y Jorge Coayla, de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo.

Estos congresistas miran a otro lado. Dejan que el delito de cohecho pasivo impropio campee impunemente. Permiten que las más altas autoridades obtengan beneficios personales usando recursos públicos.

Gobierno y Congreso quieren mandar desde la impunidad.