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El discreto encanto del espionaje, por Alfredo Torres

La reforma del servicio de inteligencia es compleja pero indispensable.

El discreto encanto del espionaje, por Alfredo Torres

El discreto encanto del espionaje, por Alfredo Torres

Este año se estrenará la película número 24 de la saga de James Bond. Sin duda, las historias de espionaje son muy atractivas. Sin embargo, a los cultores locales del género habría que recordarles que en ninguna de las películas del popular agente 007 el objeto de su trabajo consistía en espiar a políticos de oposición y, menos aun, a los del oficialismo. El servicio secreto trabaja para defender los intereses del Estado, no del gobierno de turno. Todo político con convicciones democráticas lo sabe y, si cruza la línea, tarde o temprano alguna “garganta profunda” se lo contará a la prensa. A Richard Nixon le costó el puesto hace 40 años. La investigación periodística fue también la punta de lanza que se tumbó a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en el año 2000.

Las recientes denuncias sobre reglaje a la vicepresidenta Marisol Espinoza y a diversos políticos de oposición son sumamente preocupantes porque sugieren que alguien muy poderoso las ha encargado. Pero el descubrimiento de que también se habrían armado “expedientes” de la jefa de la Sunat, Tania Quispe –incluyendo seguimiento a su hijastro–, y de la propia presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, abre un nuevo escenario y es del espionaje no como fuente de información política ilegal, sino también como eventual arma de chantaje, para doblegar voluntades.

No se sabe aún si el responsable de haber encargado todos estos seguimientos ilegales y expedientes secretos es el ministro del Interior, alto funcionario con poder sobre los servicios de inteligencia, agentes independientes o el propio presidente de la República, o si son varios sectores en pugna, pero es difícil que la ciudadanía no sospeche del jefe de Estado. Su proverbial desconfianza y la debilidad de su estructura partidaria explicarían esa conducta. La única manera para que la opinión pública descarte su participación en estos hechos es que descubra y sancione drásticamente a los responsables de estas operaciones.

Independientemente del desenlace de esta crisis, lo que el espionaje interno confirma es la fragilidad de nuestro sistema democrático. No le falta razón al Economist Intelligence Unit cuando en su ránking de democracia ubica al Perú en el noveno lugar en América Latina como una democracia imperfecta. Solo dos países de la región –Uruguay y Costa Rica– califican como democracias plenas. Evidentemente, sería inimaginable que en esos países se hubiese producido un espionaje político como el que ha descubierto la prensa peruana. 

Para que el Perú salga de su subdesarrollo democrático, es indispensable construir instituciones tanto en el sistema político como en la seguridad interna. La tarea es titánica pero no imposible, como lo demuestran los logros de la cancillería o el Banco Central de Reserva. El éxito alcanzado, por ejemplo, en la delimitación de nuestras fronteras marítimas y en la estabilidad monetaria son el resultado de calificados liderazgos como los de José Antonio García Belaunde y Allan Wagner en el primer caso y de Julio Velarde y Renzo Rossini, en el segundo, pero también de un amplio conjunto de profesionales identificados con su institución y trabajando por el país.

En el caso del sistema político, es fundamental tomar medidas que reduzcan la probabilidad de que improvisados lleguen al poder. Algunas de las medidas necesarias son adelanto de las fechas de inscripción electoral para que la ciudadanía pueda conocer mejor a los candidatos presidenciales y parlamentarios; elecciones internas en los partidos organizadas por la ONPE; y, sobre todo, financiamiento público directo a las organizaciones políticas. Esta última medida es impopular, pero es la mejor manera de que los partidos formen a sus mejores cuadros y no salgan a buscar dineros mal habidos para sus campañas. Permitiría también fortalecer la capacidad de fiscalización y sanción a los partidos por parte del JNE, que podría retirarles el apoyo estatal si cometen infracciones graves.

La reforma del servicio de inteligencia es más compleja pero indispensable. Es injustificable que se desvíen recursos para atender intereses políticos cuando hay desafíos tan serios en el campo de la seguridad nacional como el narcotráfico y los remanentes de terrorismo senderista. Andrés Oppenheimer sostiene que la única manera de que Argentina resuelva el asesinato del heroico fiscal Alberto Nisman es con ayuda extranjera. Quizá ese sea también el camino a seguir en el Perú. El modelo no debe seguir siendo Montesinos.

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