En el país de Dina Boluarte

La gran presencia de economías ilegales es una de las amenazas más graves que enfrenta nuestro país. ¿Pero cómo logramos enfrentarlas si el Congreso representa sus intereses y la falta efectiva de Estado, la incapacidad de la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial les permite operar impunemente?

La minería ilegal es la actividad más lucrativa de todas las economías ilegales. Solo en el 2024, se exportaron 92 toneladas de oro ilegal por un valor aproximado de US$7.000 millones. La exportación de oro ilegal ha crecido a tal punto que está muy cerca de alcanzar el volumen de las exportaciones formales que ese año llegaron a 100 toneladas.

Es claro que, impulsados por el precio del oro y por la libertad que tienen para operar, la minería ilegal está creciendo desproporcionadamente. El problema no es solo que se llevan recursos sin pagar impuestos generando pérdidas de ingresos para el Estado. El principal problema es que, para poder operar, necesitan apropiarse de territorios y comprar a las autoridades locales, convirtiendo las zonas en las que operan en tierra de nadie, con altos índices de violencia, delincuencia, extorsión y tráfico de mujeres y niñas para la explotación sexual. Las actividades ilegales se amparan en milicias, grupos subversivos o sicarios, como el Tren de Aragua. La cantidad de dinero que generan implica que pueden comprarlo todo y a todos, y en un país donde no hay presencia real del Estado esto significa, además, que muchas poblaciones terminan dependiendo y aceptando que las economías ilegales operen en sus territorios, convirtiéndose en la autoridad que impone orden y les resuelve los problemas. No por nada el 87% de peruanos cree que las economías ilegales han contribuido al crecimiento económico de su región. Pero, es importante señalar que el oro ilegal, para ser exportado, necesita entrar a las cadenas formales a través de plantas de beneficio y ‘traders’, con lo que el gran negocio que representa no es solo para los ilegales.

Las economías ilegales, además de distorsionar el mercado al generar competencia desleal, lo que finalmente limita los incentivos para que las empresas pueden operar dentro de la ley, utilizan la violencia y la extorsión para alejar a las empresas formales de sus zonas de operación y debilitan el Estado de derecho, porque a menor institucionalidad, mayor impunidad, y así pueden continuar desarrollando sus actividades ilegales. Esto, por ejemplo, es lo que ocurre en Pataz, donde asesinan a los trabajadores de la empresa minera Poderosa, titular de la concesión para continuar extrayendo el oro de sus socavones. El precio del oro durante el 2025 continuará subiendo, como consecuencia de ello, el Instituto Peruano de Economía ha estimado que la exportación de oro ilegal podría ser un 40% mayor a la del 2024. Con lo cual cada día serán más poderosos y más difíciles de controlar.

Nada de lo anterior parece ser prioridad en la agenda de Boluarte, quien hace unos días nos informó que, gracias al ministro Santiváñez, el Tren de Aragua está prácticamente desarticulado. Lo cierto es que ni lo que dice Boluarte es cierto ni lo que hace su ministro es efectivo. Y esto nos debería llevar a una reflexión sobre lo que podría suceder en las próximas elecciones. Una mayoría de peruanos llevó a Pedro Castillo y a Dina Boluarte al poder, y hoy todos estamos pagando las consecuencias de una mala elección. Nada hace indicar que en el 2026 los resultados sean mejores.