“Solo tendremos una mejor educación superior si se logra evitar el asalto a la universidad”. (Ilustración: Rolando Pinillos Romero).
“Solo tendremos una mejor educación superior si se logra evitar el asalto a la universidad”. (Ilustración: Rolando Pinillos Romero).
Fernando Tuesta Soldevilla

Profesor de Ciencia Política de la PUCP

El uso de la universidad como negocio o instrumento de poder, que llenó el bolsillo de algunos y desató la angurria de otros, se ha evidenciado en el proceso de licenciamiento: el mecanismo que ha destapado y hecho público la podredumbre y mediocridad de varias universidades. Es por eso que existe una gran resistencia a este proceso que busca que las universidades cuenten con un mínimo (no un máximo) de condiciones para prestar el servicio de educación superior.

Dos hechos que han ocurrido en los últimos días muestran con claridad lo que aquí afirmamos y la necesidad e importancia de las acciones emprendidas por la . Estos son los casos de la acción de amparo obtenida por la y la denegatoria de la licencia a la .

En relación con Telesup, uno de cuyos locales ha sido allanado por la fiscalía debido a los presuntos de Luis Castañeda Lossio, a través de una acción de amparo, en un juzgado en Bagua, ha conseguido en tiempo récord ser parte de la demanda y obtener una medida cautelar para suspender los efectos de la resolución de denegatoria, así como ordenar a la Sunedu que le permita reformular y presentar su plan de adecuación. Más allá de la inusual celeridad, es preocupante la consecuencia de los efectos de esta medida: permitir que la universidad siga operando sin mayor responsabilidad, pudiendo incluso convocar a un examen de admisión, poniendo en riesgo el futuro de muchos jóvenes que podrían postular con publicidad engañosa. Publicidad que contrasta con lo que la propia Universidad Telesup reconoce, es decir, que no cuenta con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), por lo que solicita un mayor tiempo para poder formular un plan de cómo adecuarse y más tiempo aún para implementarlo. Por el contrario, según la Sunedu, se ha demostrado que Telesup tiene diferentes modalidades de enseñanza, sin mayor sustento; no ha podido evidenciar que todas sus instalaciones cumplen con estándares mínimos de seguridad y no asegura la integridad científica de sus proyectos de investigación.

Un segundo hecho fue la denegatoria de la licencia a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Una universidad que desde hace unos 15 años fue gobernada por un grupo de docentes que destinaron los recursos y activos de la universidad para fines ajenos a ella. Los principales problemas encontrados en la UIGV han sido: no poder evidenciar el desarrollo de una carrera docente, ni procesos meritocráticos; serios problemas de sostenibilidad económica, pese a que se mantuvo el gasto por la política de remuneraciones y bonificaciones; no garantizar que la educación semipresencial cumpla con estándares de calidad, pese a que el 40% de sus estudiantes se encuentra en esta modalidad.

El primer hecho demuestra que no habrá escrúpulos para tomar las medidas que sean necesarias para no perjudicar intereses económicos y políticos (como recurrir a un juzgado en una región alejada de donde se brinda el servicio educativo). En el segundo caso, se puede prever que las autoridades de la UIGV, que tiene vínculos con el Poder Judicial –la propia institución reconoce como “Garcilasinos Ilustres” a una serie de jueces y fiscales, y otorgó un doctorado honoris causa a Guido Aguila, exdocente de la propia universidad y también vinculado a los escándalos del ex-CNM–, usarán todos los recursos para impedir la denegatoria de un licenciamiento, que está lejos de alcanzar debidamente.

Pero lo más peligroso en el juego de judicializar el proceso de licenciamiento es abrir la puerta para que todas las universidades a las que se les niega tomen acciones parecidas, contando con jueces cómplices, algunos probablemente condecorados. Esperemos que la Sunedu tome las medidas para revertir estas acciones atentatorias contra el necesario proceso de licenciamiento. Es indispensable exigir que se actúe conforme a la ley y velando por el derecho a una educación de calidad, que precisamente se ve afectado por recibir un servicio que no cumple estándares mínimos. Solo tendremos una mejor educación superior si se logra evitar el asalto a la universidad.